El director provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, Santiago Bereciartúa, afirmó que desde el gobierno provincial se ha "trabajado de manera trascendental" para combatir la trata de personas. El flamante funcionario destacó la "muy buena relación" con organismos nacionales con los cuales se opera en el "rescate" de niños y niñas que hayan caído en este tipo de redes delictivas. No obstante, reconoció "el problema de trata en la provincia, como receptora, tránsito y destinatario". Se encuentra a cargo de los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) de todo Santa Fe, entidades que se encargan de brindar una asistencia integral a personas en situación de vulnerabilidad.

Hace unos días, la profesional del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo, Laura Manzi, aseguró a Rosario/12 que "Santa Fe es una de las provincias donde hay mayor cantidad de origen de proxenetas". Bereciartúa acepta inconvenientes del gobierno para abordar las complejas redes de trata, pero antes de coincidir con la psicóloga de la Defensoría prefiere apoyarse en una serie de estadísticas. La trata es un "delito muy complejo que requiere de una red que lo realiza por detrás, necesita de cierta organización, es una red armada para cometer el delito en diferentes oportunidades y con diferentes personas, víctimas", señaló el funcionario.

Antes de asumir en su nueva función, Bereciartúa se desempeñaba dentro de la Secretaría de Seguridad Comunitaria que encabezaba Enrique Font. A pesar de no estar por entonces en contacto directo con las ex autoridades del CAJ, recordó que desde los Centros se participó "activamente" en los tres juicios sobre la problemática que se desarrollaron en la provincia. "Tenemos una función dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en cuanto a la problemática, que se traduce en acciones concretas. Participamos en los tres juicios de trata del año pasado y en lo que fue el primer juicio con sentencia favorable para los imputados. En uno lo hicimos como querellantes. Sentamos un precedente importante a nivel nacional porque empezamos a abrir las puertas para que estas causas se eleven a juicio", describió el director provincial de Acceso a la Justicia.

El funcionario entiende que hay un antes y un después en Argentina a partir de la sanción de la Ley de Trata de Personas, promulgada a fines de abril de 2008. "Vino a reconocer un problema que no estaba reconocido. Se la confundía, fue un cambio central porque estaba invisibilizada como prostitución simple, y no es así, hay personas obligadas a ejercerla", detalló Bereciartúa. Asimismo, en Santa Fe el ex gobernador Hermes Binner creó en el año 2009, y a través de un decreto, el programa "Integrando Redes", "para abordar este flagelo de manera integral". Dentro de ese marco, la tarea de los CAJ de la provincia es "la asistencia interdisciplinaria para los casos que llegan a la justicia". "No hacemos prevención, asistimos a las víctimas y también a testigos", explicó el ex integrante de Seguridad Comunitaria.

Para luchar contra la trata es fundamental una articulación de tareas con la Nación. En ese sentido, mantienen una relación "muy seria" con institutos y organismos. Por ejemplo, la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata, con quien trabajan "en el rescate, más allá de que haya llegado o no a juicio. Ellos verán si conviene o no, nosotros cumplimos en iniciar la denuncia". En tanto, el año pasado se firmó un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), por el cual se incorporó a la provincia al Programa de Lucha contra la Trata de Niños y Niñas en Santa Fe y Paraguay. "Fue un reconocimiento a la labor de los CAJ, que son ámbitos para que la sociedad pueda denunciar e incidir en el desmantelamiento de las redes".

Los CAJ se crearon para "brindar una atención interdisciplinaria, legal, social, psicológica a las personas en situación de vulnerabilidad que hayan sido víctimas de delitos, a quienes no tienen recursos para ir a la Justicia de otra forma", apuntó Bereciartúa. Tienen por objeto orientar a los consultantes "sobre cuáles son sus derechos y cuáles son las vías legales para hacerlos valer. Todo apunta a tratar de hacer más igualitario el acceso a la justicia de todos los habitantes de la provincia", sostuvo el funcionario.