Desde Santa Fe

A una semana de la toma de 264 viviendas en el norte de la ciudad, el gobierno redobló ayer la presión sobre decenas de familias que aprovecharon la Semana Santa para ocupar 180 casas a medio terminar y abandonadas desde hace años en el barrio Santa Rita II y otras 84 en construcción en Las Delicias. "Esperamos la orden de la justicia para desalojar las viviendas usurpadas. Y si es necesario usaremos la fuerza pública", advirtió el gobernador Antonio Bonfatti. Mientras que dos secretarios del intendente José Corral denunciaron que la primera toma fue impulsada por dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y detrás de la segunda "se mueven punteros del peor clientelismo político", que no identificaron.

Bonfatti ratificó que su gobierno utilizará la vía judicial para desalojar los dos barrios. "Esperamos la orden de la justicia", afirmó. La denuncia penal ante el Juzgado Correccional en turno fue presentada por la directora provincial de Vivienda, Alicia Pino, pero ayer se agregó otra presentación del municipio santafesino.

"De ninguna manera podemos aceptar la usurpación de terrenos por la fuerza. Porque entonces estaríamos en una sociedad sin reglas. Por eso hemos hecho la denuncia penal y estamos a la espera de la resolución de la justicia", afirmó el gobernador.

"No lo vamos aceptar porque estamos en un estado de derecho, no en la ley de la selva. Porque de lo contrario, cualquiera tiene derecho a meterse en una plaza y hacer una vivienda en una plaza. La sociedad tiene reglas que todos debemos respetar", agregó.

Según Bonfatti, la Secretaría de Hábitat de la provincia venía trabajando con una organización (la CCC) para otorgar tierras y materiales de construcción a 20 familias para que construyan sus propias viviendas. Y también se estaba trabajando en el mismo sentido con otras organizaciones. Pero no es lo que ocurrió y menos usurpar terrenos".

El intendente Corral mandó ayer a su secretaria de Gobierno, Adriana Molina y al secretario general del municipio, Carlos Pereira, a denunciar el trasfondo político de la toma. "Aquí están actuando grupos organizados", dijo Pereira. "Uno de ellos es muy conocido, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que tuvo históricamente una actitud extorsionadora y chantajista hacia el Estado porque protagonizó los cortes en la ruta 168 (a Paraná) y ahora, esta expropiación de viviendas".

"Pero también hemos constatado la actuación de otros grupos. Concretamente, punteros que pertenecen a otras fuerzas políticas, lo que no quiere decir que sean enviados por los propios partidos políticos. Tenemos constatada esta información y vamos a aportar a la Justicia números de patentes de vehículos que entraron y salieron del lugar en estos días y nombres concretos de las personas que participan de estas actividades", agregó Pereira.

Molina explicó que la toma de las primeras 180 viviendas fue impulsada por la CCC, pero en la segunda "sabemos que hay punteros. No queremos decir para nada que haya algún partido político o algún dirigente democrático que esté instigando este tipo de ocupación, pero sí sabemos que hay punteros del peor clientelismo político", apuntó.

"Acá están operando otros intereses", insistió Pereira. "Constatamos intentos de ventas de distintas propiedades que se ofrecieron a otras personas por 1.500 pesos, y paralelamente se ha iniciado el desmantelamiento de estas viviendas; es decir que se están vendiendo los materiales, lo que indica que no hay una necesidad de satisfacer la demanda habitacional sino hay actividades delictivas", agregó el secretario general de Corral.

Para Molina, además del desmantelamiento, "lo concreto es que en 24 horas se robaron viviendas del Estado: 184 primero y 84 después, en dos barrios, con lo cual sin dudas existe algún tipo de organización. Nosotros podemos tener algún dato, pero creo que le corresponde a la Justicia la investigación. Por eso nos presentamos a la causa para aportar todos los datos que tenemos".

Además, la funcionaria le pidió a los vecinos que se acerquen pruebas a la Municipalidad, al área de Derecho Ciudadanos para incorporar a la causa a través de Fiscalía", agregó. "No se debe permitir ni legitimar situaciones como ésta. La usurpación constituye un delito asimilable a un robo de viviendas, que son de todos porque son patrimonio del Estado".