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Desde Santa Fe

La jueza Correccional Nº 6, Sandra Valenti, ordenó ayer el desalojo de 180 viviendas en el barrio Santa Rita II que estuvieron abandonadas durante cuatro años y procesó por usurpación a cinco dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que movilizaron la toma hace tres semanas, entre ellos su líder, Sebastián Saldaña. Pero advirtió al gobierno de Antonio Bonfatti sobre la actuación "confusa" y "desprolija" de la directora provincial de Vivienda, Alicia Pino que "ha conducido a incrementar el conflicto" porque primero convalidó la ocupación (al ofrecer a los intrusos "el acceso a un lote" y a "una canasta de materiales" para que construyan sus propias casas a cambio de que se retiren de las ocupadas) y luego (cuando la toma se extendió a otras 84 viviendas del barrio Las Delicias) dio marcha atrás y presentó la denuncia judicial. El desalojo debería realizarse en forma pacifica y ajustado a los protocolos internacionales, una vez que la resolución sea notificada en las próximas 48 horas. La CCC apelará ante la Cámara Penal de Santa Fe para que revise el fallo.

La jueza Valenti dispuso varios requisitos para el desalojo: "Deberá realizarse en horas diurnas y en jornadas de buen tiempo. La cantidad de personal policial tendrá que ser proporcional a la cantidad de personas a desalojar y deberá estar previamente identificado. Todo deberá ser filmado. Las mujeres serán desalojadas por personal femenino. La Subsecretaría de Niñez tendrá que verificar el estado de los menores y deberán intervenir la Secretaría de Derechos Humanos y a una ONG".

Y exigió al gobierno que "al momento del desalojo" deberá garantizar a las familias en "situación de calle" y "desamparo absoluto", un lugar provisorio para vivir, que puede ser "una vivienda, un reasentamiento o acceso a tierras productivas". Saldaña dijo que el 96 por ciento de las familias que participan en la toma están en esa situación.

La jueza ponderó "la especial situación que se genera en desalojos forzados colectivos", por lo que fundamentó todas sus medidas en "el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por nuestro país en 1986".

El fallo puso también bajo la lupa la actuación del gobierno y sobre todo el rol de la directora provincial de Vivienda, quien primero firmó un acta para alentar el retiro de los ocupantes a cambio de un lote y materiales para que construyan sus casas y luego desconoció el acuerdo. Esa "situación confusa o por lo menos desprolija por parte del órgano estatal que ha conducido a incrementar el conflicto" porque "el mismo día que se firmó el acta acuerdo en la que ofrece un programa de acceso a un lote con infraestructura en forma simultánea presentaba la denuncia judicial", dijo la jueza. "Lo claramente se presenta como contradictorio" y denota "un contrasentido ético y una falta de coherencia en las decisiones adoptadas", agregó.

Saldaña dijo que la resolución de la jueza Valenti "tiene puntos a favor y en contra. A favor, la entrega de viviendas a cambio de desalojar las casas" y "el Pacto Internacional que se tuvo en cuenta para ordenar el desalojo porque sienta precedentes. En contra, que se dé por sentado que hubo delito de usurpación y que hayan procesado a cinco miembros de CCC, entre ellos yo", explicó.