La Ley de Tierras está en marcha. Y los responsables de aplicarla en Santa Fe obtuvieron una serie de datos preliminares llamativos. Descubrieron que unas 85 mil hectáreas están en poder de 21 personas extranjeras. Dichas tierras se encuentran principalmente en el centro y norte de la provincia y en la zona costera. El número llevó tranquilidad a los encargados de hacer valer la norma en la extensión provincial. "Parece mucho pero no alcanza el 0,7 por ciento de las tierras rurales provinciales, lejos del 15 por ciento que marca la ley", afirmó el responsable del Servicio de Catastro e Información Territorial, Horacio Palavecino. El funcionario admitió complicaciones para detectar la cantidad de hectáreas que poseen personas jurídicas de otros países porque suelen responden a "inversores con fines especulativos".

En los últimos días del año pasado, el 23 de diciembre, el Senado de la Nación sancionó la ley que restringe la extranjerización de tierras con 62 votos a favor y apenas 1 en contra. El proyecto fija en un 15 por ciento el límite a toda titularidad de dominio por parte de extranjeros de tierras rurales en el territorio nacional; y tiene por objeto regular la situación para el caso de las personas físicas y jurídicas.

Para su implementación, el gobierno nacional precisa de la ayuda de las provincias en lo que respecta al envío de información catastral y dominial. Por ese motivo, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, encabezó el jueves la primera reunión del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el espacio federal que integran Nación y todas las provincias, salvo ciudad de Buenos Aires porque no posee tierras rurales.

El relevamiento se debía completar a los 180 días de sancionada la ley, pero la "disparidad entre las provincias tanto en los registros de propiedad como en los catastros" lo impidió, por eso se extenderá el plazo de trabajo. No obstante, en la Zona Núcleo, integrada por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, existen organismos constituidos como para llevar a cabo un relevamiento preliminar. Y en la provincia se efectuó a través del Servicio de Catastro e Información Territorial. "Solo pudimos analizar el de personas físicas y de manera preliminar, por un cruce de información que hicimos con el Sigit (Sistema de Integración y Gestión de Información Territorial). Con el número de DNI, el CUIT elevado indica que son personas extranjeras o de nacionalidad extranjera, porque a lo mejor ya están naturalizados, ya quedan fuera del marco de la norma", describió Palavecino.

De la primera foto "borrosa, movida" que obtuvo Santa Fe, se tradujo que las tierras rurales en manos de personas físicas extranjeras, "mayoría de europeos", rozan el 0,7 por ciento del territorio. "Nos quedamos tranquilos que estamos muy por debajo", ponderó Palavecino. Ese "número interesante" se localiza particularmente en zona centro﷓norte, y costera del Departamento San Javier, y en contradicción con las suposiciones sobre "los extranjeros que podían hacer inversiones de producción para cosecha de soja, para siembra", Catastro Provincial se encontró con tierras "más bien ganaderas, zonas de reserva, cercanas al río Paraná". El hecho de que las tierras extranjeras se encuentren linderas a los puntos de agua es un llamado de atención en el marco de la ley, porque prevé que no se pueden enajenar.

En el proceso de relevamiento de datos, el "mayor de los problemas" es el de descifrar la composición de las sociedades, tanto en cuanto a personas físicas como jurídicas. "Es una parte compleja de articular y es donde falta información. Se computan extranjeras aquellas que tengan el 51 por ciento de capital en manos de personas extranjeras o que personas extranjeras puedan formar la voluntad social", señaló Palavecino, quien aclaró que la ley no afecta derechos adquiridos sobre las personas no argentinas que posean tierras. "La única obligación que reviste para estas personas es declarar su condición de extranjeros y ser titular en tierras rurales, pero ya no podrían seguir adquiriendo tierras", apuntó.

Para el caso de personas jurídicas, se precisa de la participación de la Inspección General de Personas Jurídicas. Interviene el Registro Nacional de Tierras Rurales, que intercambiará con las provincias los datos que vaya recabando. El escenario es complejo, para nada simple. Bajo esta figura operan "los inversores con fines especulativos". "Hay situaciones particulares, hay firmas con domicilios de titularidad extranjera en una provincia, pero que tienen tierras en otra provincia", ejemplificó el funcionario santafesino.