La última sesión del Senado santafesino se convirtió en una verdadera tertulia antinarcóticos donde cada legislador cerró su intervención con una propuesta destinada a terminar contra el flagelo y combatir la inseguridad. Así y como cada senador santafesino está tan convencido de los resultados que tendrá, por ejemplo, la Ley Enrico en la lucha contra el delito, esta semana le pedirán a senadores y diputados nacionales por Santa Fe que impulsen una reforma del Código Procesal Penal que impida excarcelaciones y facilite la prisión preventiva. También piensan citar a "conversar" a la cúpula de la Policía y hasta a los jueces federales para hablar sólo del problema del narcotráfico y de cómo es la respuesta a sus requerimientos. Los más envalentonados reiterarán su proyecto para declarar a la provincia "en emergencia" en materia de seguridad. Y finalmente los más osados pretenden discutir la adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional de Estupefacientes que llevaría a juzgados provinciales algunas causas menores vinculadas al narcotráfico.

Aquí se borran las fronteras partidarias, y se entrecruzan las posturas ideológicas: el proyecto es del diputado kirchnerista Darío Mascioli. "Queremos sancionar judicialmente el comercio minorista de estupefacientes y, con la intervención de la Justicia Provincial, cortar el camino de la venta de la droga, buscándose a los adictos para recuperarlos y no para meterlos presos", fundamentó. Sin embargo las estadísticas bonaerenses que tiene este sistema, dicen todo lo contrario: en diciembre de 2005 se puso en marcha la desfederalización de la ley de drogas para los delitos de "menor cuantía". Se decía que eso permitiría a la Justicia Federal profundizar las investigaciones contra la narcocriminalidad. Y que las fiscalías de provincia atacarían a los dealers que venden cigarrillos de marihuana y bochitas de cocaína a los pibes en las escuelas, en los boliches y en los barrios. Sin embargo la mayoría de los operadores, entre jueces, fiscales, peritos y policías, dan cuenta de un rotundo fracaso: el 80 por ciento son actuaciones por consumo que terminan en el archivo y sin tratamiento para el adicto.

"En la actualidad está vigente en la Provincia de Santa Fe la Ley Nacional Nº 23.737, a la cual ha adherido y que establece que los delitos relacionados con drogas y estupefacientes son de competencia de la Justicia Federal, hoy con la evolución social de esta problemática la realidad nos indica que deberían ser competencia de la Justicia Ordinaria Provincial, para que la respuesta que nos demandan nuestros vecinos llegue en tiempo y forma y no a través de grandes titulares de los medios de comunicación", explicó Mascioli.

Para el diputado K "la preocupación de la gente y el incremento del delito tiene que ver, concretamente, con la venta de estupefacientes en los denominados 'kioscos de venta de droga', los cuales se han instalado en los barrios contaminando la vida cotidiana de los vecinos, involucrando indiscriminadamente a menores, estudiantes de colegios primarios y secundarios y adultos en general, convirtiéndose en un peligro concreto y letal".

"El objetivo que persigue este proyecto -agregó- es incorporar elementos de lucha contra esos puestos de venta que inciden directamente sobre la vida de la población, porque para la gente su instalación en los barrios representa un peligro más concreto y letal que el de las propias grandes bandas de narcotraficantes".