Desde Santa Fe

El ex agente secreto del Ejército, Juan José Luis Gil, es desde ayer el primer condenado en el país por sus ataques a víctimas de delitos de lesa humanidad y a magistrados que investigaron la causa, a quienes prometió que "todo se termina, ya vendrán tiempos de revancha y ajustes de cuentas". El Tribunal Oral Federal de Santa Fe lo sentenció a cinco años de prisión por "amenazas y coacciones agravadas", en concurso real, al considerarlo autor de los correos electrónicos anónimos con los que intentó sembrar pánico entre sobrevivientes de la dictadura en Reconquista y coaccionar al juez Eduardo Valiente y al fiscal José Ignacio Candioti, a cargo de las investigaciones. "Es muy saludable que se haya encontrado al culpable y que estos hechos no queden impunes, por la preocupación y el dolor que causaron en tantas familias", dijo Candioti a Rosario/12. El fue uno de los destinatarios de aquella campaña sucia y otras amenazas a su esposa y a sus hijos, lo obligaron a irse de Reconquista. "La sentencia es muy positiva, un mensaje a la sociedad y nos da fuerza para seguir en la otra causa", agregó Héctor Raúl "Lolo" Borsatti, militante de la Asociación Norte Amplio por los derechos humanos que denunció a Gil y querellante en el juicio al ex soplón del Ejército. El otro juicio por la represión en el norte comenzará el 27 de setiembre.

Gil está preso desde 2009, en un pabellón especial de la cárcel de Las Flores, donde seguirá detenido hasta cumplir su condena, junto con otros represores condenados, entre ellos el ex juez Víctor Brusa y el ex informante de la Policía santafesina, Eduardo "Curro" Ramos.

El veredicto se conoció al mediodía. La lectura estuvo a cargo de la presidenta del Tribunal, María Ivón Vella, secundada por sus dos colegas: José María Escobar Cello y Otmar Paulucci. Afuera, una pequeña multitud respondió con una ovación, cuando la jueza anunció que el Tribunal había resuelto condenar a Gil a cinco años de prisión por los dos cargos que pesaban en su contra. El fiscal Martín Suárez Faisal había pedido ocho años de cárcel y los abogados querellantes Iván Bordón y Pedro Dinani, doce y trece años, respectivamente. Tras el acto, siguió el clásico: "Olé, olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar", entre tamboriles y banderas.

El Tribunal hizo lugar también a dos pedidos del fiscal Suárez Faisal: ordenó decomisar la notebook de Gil secuestrada durante la investigación y disponer su entrega a una escuela pública de Reconquista. Y remitir al Juzgado Federal de Reconquista un DNI, una libreta cívica y una credencial de la Guardia Rural Los Pumas encontrados en el allanamiento a la casa del imputado para que "se investigue una presunta falsificación" de documentos de identidad. Gil operaba en la Guardia Rural en Santa Felicia -donde funcionó un centro clandestino de la dictadura﷓, pero también "como agente secreto del Ejército ﷓Personal Civil de Inteligencia (PCI)﷓ especializado en reunir información, bajo el seudónimo de Enrique Galetti", según reveló el fiscal en su alegato.

Sin embargo, el Tribunal rechazó un petitorio de la querella para que también remita al Juzgado de Reconquista "la declaración indagatoria del imputado" para que investigue las tareas de inteligencia que Gil dijo haber realizado en la fábrica Vicentín, en 1976. Lo reveló en la indagatoria ante el juez Aldo Alurralde, en primera instancia, en 2009, en "un acto de defensa material", argumentó el Tribunal. Y recomendó: "Las denuncias de delitos de lesa humanidad se deberán realizar en el fuero federal que corresponde".

"Es muy positivo que lo hayan condenado", dijo uno de los querellantes en la causa, "Lolo" Borsatti. "Yo sostengo que de todos los represores en el norte santafesino que están detenidos, Gil es el más peligroso por su formación y concepción. Así que consideramos este fallo como un hecho positivo, un mensaje a la sociedad, que nos da fuerza para la otra causa", agregó. El 27 de setiembre comenzará el juicio por la represión en el norte, que por primera vez sentará en el banquillo a dos ex jefes de la Brigada Aérea de Reconquista: Danilo Sambuelli y Jorge Alberto Benítez y a cinco ex policías: Eduardo Luque, Omar Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Carlos Nickisch por crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 35 víctimas.

El fiscal Candioti consideró "muy importante que la justicia se haya expedido. La sentencia pone fin a esta intolerancia, producto de amenazas y coacciones, que tanto dolor y preocupación que generaron en familias de Reconquista", en 2009, en el arranque de las investigaciones del terrorismo de estado.

"Es importante que se haya podido determinar el autor de las amenazas y coacciones. Y no sólo individualizarlo, sino que pueda ser juzgado con todas las garantías constitucionales por un tribunal y jueces de la República, que lo consideraron culpable por los dos delitos" que pesaban en su contra. "Es muy saludable que los hechos no hayan quedado impunes y esto sirva para mitigar el dolor y la preocupación que estos hechos generaron en tantas familias", agregó Candioti. Entre las pruebas que el Tribunal valoró en el juicio, había un peritaje informático que encontró en la computadora de Gil "rastros de un archivo titulado: "Intimidaciones a la esposa del fiscal Candioti" y la manipulación de otro "archivo imagen de Susana Almeida de Candioti".