"Verdaderas violaciones a los derechos humanos" son las que padecen pequeños productores del norte de la provincia, según la diputada provincial (CC﷓ ARI) Susana García. La semana pasada, tres familias fueron desalojadas de la vivienda que habitaba desde hace más de 50 años en la localidad de San Bernardo, en el departamento 9 de Julio. Les quemaron la casa y sufrieron el "maltrato y atropello" de la policía que actuó a partir de una orden judicial. La legisladora impulsa desde mediados de año la sanción de una ley para que se suspendan por el término de cinco años los desalojos y remates hasta tanto se efectué un registro catastral de los dominios. "Pedimos el tratamiento para que se frene la connivencia política y judicial que está socavando derechos e instalando el miedo y la impunidad en nuestro territorio", indicó la ex diputada nacional.

La situación se extiende a todo el norte de Santa Fe. "Es donde más problemas tenemos", reconoce García. Pero en los últimos meses, y ahí la razón de la insistencia por convertir el proyecto en ley, los desalojos "además de ser más seguido cada vez son más violentos". Como el de San Bernardo, una pequeña comuna a la vera de la Ruta Nacional N║ 95, en el cual los agentes policiales actuaron junto a la compañía de un particular, que podría tratarse del mismo adquiriente de las tierras. Luego de más de 50 años de vivencia y producción en tierras fiscales, las tres familias culminaron "maltratadas" y con la casa quemada. Para profundizar su conocimiento del caso, García llegará mañana a Tostado para recibir documentación y entrevistarse con las víctimas, que pretenden reunirse con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La tierra está en disputa en el norte santafesino y en los últimos años adquirió un valor seductor para todo inversor. Por ese motivo, García considera que es una "necesidad" aprobar una norma que de alguna manera regularice la situación. La diputada admite las usurpaciones, pero recuerda que "viene de generaciones que están siendo ocupadas (las tierras)". Y hasta tanto las tasaciones no tentaban, el interés de algunos sectores por recuperarlas no existía. El círculo se completa con "la connivencia política y judicial", dentro de la cual "los jueces se han expedido siempre a favor de los grandes". "Nunca hacen vista hacia el pequeño productor, el más necesitado. No se hacen las audiencias que se tienen que hacer, ni siquiera de conciliación, se le da la orden a la policía, que allana, maltrata, prepotea", describió la diputada.

"Falta de control del Estado", percibe la legisladora, quien aclara que la implementación de la ley ┤no le ocasiona ningún tipo de gastos al Estado Provincial. Solo se pide una suspensión por el término de cinco años de los desalojos y remates "para conocer la situación y para tratar de normalizar lo más que se pueda". No se contemplan expropiaciones ni que el gobierno afronte algún tipo de inversión, por esa razón "no se puede seguir ignorando el incremento de estos casos".

La iniciativa ingresó a Diputados en el mes de junio y para su tratamiento debe sortear dictámenes favorables en tres comisiones. Ya lo logró en Agricultura y Ganadería y García pedirá que próximamente tenga preferencia en las dos restantes: Asuntos Comunales y Asuntos Constitucionales y Legislación General. "El proceso tiene sus pasos, a veces son demasiados largos. Va quedando muy poco y no quiero que vaya perdiendo estado parlamento y que haya que volver a presentarlo. Lo ideal sería que pase antes de fin de año a la Cámara de Senadores", señaló la legisladora.