Tras la denuncia de organismos de derechos humanos sobre el "secuestro, tortura y robo" a un militante social por parte de personal de la comisaría 5º de la ciudad de Santa Fe, ayer el Ministerio de Seguridad provincial pasó a disponibilidad a dos oficiales de la Unidad Regional I. Los uniformados, un sargento y un suboficial, están acusados de apremios ilegales y "abuso policial", y la causa ya está en la Justicia Penal santafesina y en el Registro Provincial de Torturas y Tratos Crueles e Inhumanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. "La policía sistemáticamente se dedica a perseguir militantes, en lugar de narcotraficantes, algunos de los cuales están dentro de su propia fuerza", disparó Lucila Puyol, abogada de Hijos Santa Fe, durante la conferencia de prensa de ayer. En tanto, Diego Poretti, subsecretario de Seguridad Comunitaria zona norte, sostuvo que se trata de un hecho "grave" y dijo que el pase a disponibilidad de los agentes tiende a que la investigación "sea lo más clara posible".

La víctima, quien denunció apremios de la policía santafesina, es Juan Pablo "Choli" Quinteros: un treintañero que milita en barrio Yapeyú de la ciudad Capital. También es artista, murguero de Príncipes de Momo y miembro de la Mesa por Juicio y Castigo.

Ayer, con la camiseta del espacio Juicio y Castigo, relató el abuso sufrido. Mientras esperaba el colectivo, en la esquina de bulevar Pellegrini y 9 de Julio de la capital provincial, apareció el móvil. "Se bajaron, me revisaron, y me metieron la mano en los bolsillos. Me dijeron que encontraron droga y que los iba a tener que acompañar. Sin resistirme me subí al móvil. Empezaron a hacer un recorrido sin destino, y me dijeron que de alguna manera íbamos a tener que arreglar".

Los representantes de organismos de Derechos Humanos que acompañaron a Choli a hacer la denuncia agregaron que todo ocurrió el jueves pasado, cerca de las 8. "Uno (de los policías) manejaba y el otro iba atrás con Choli. Según justificaron los oficiales, Choli estaba ebrio y acudieron al llamado de un vecino, pero no lo detuvieron, sino que lo subieron al móvil, lo golpearon incluso con un elemento contundente en la cabeza, le robaron dinero, le decían que tenían que arreglar porque tenía droga, pero él les decía que no consume. Después lo bajaron, y en su descargo dijeron que lo habían acercado a tomar el colectivo", señaló Valeria Silva, militante de Hijos y miembro del equipo investigador de causas por terrorismo de estado.

"Tomen la plata, pero déjenme ir", les terminó diciendo el muchacho a los oficiales y les entregó dinero que recién cobraba de un trabajo. "Cuando me bajaron, no sabía ni dónde estaba".

La denuncia pública fue realizada por Madres de Plaza de Mayo, Hijos de Santa Fe y otros organismos de derechos humanos. Tras la presentación, el joven fue revisado por el médico policial quien constató "lesiones leves", aunque Silva aseguró que está "muy" golpeado.

La denuncia administrativa se realizó el viernes pasado en el Registro Provincial de Casos de Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos; mientras que el sábado hicieron lo propio ante la fiscalía Nº 5, a cargo de Elena Perticara, quien elevará la acusación a un juzgado en lo penal.

La respuesta estatal llegó por parte de Poretti, quien confirmó a Rosario/12 el pase a disponibilidad de dos agentes de la comisaría 5º. "Nos anoticiamos del hecho el mismo jueves, alrededor de las 10. En ese momento, mediante la tecnología del 911 dimos con la camioneta que había acudido al lugar ante el llamado de un vecino que denunció a un hombre tirado, en supuesto estado de ebriedad. Enseguida se iniciaron los sumarios administrativos por orden del jefe de la URI, Omar Ordiozola", señaló el funcionario, quien lamentó que la denuncia se haya hecho el sábado. "Tuvimos que esperar dos días", dijo Poretti. Los compañeros de Choli puntualizaron que no querían hacer la denuncia en la misma policía.