El Senado provincial sancionó por unanimidad la ley que asigna una pensión mensual a las personas que fueron privadas de su libertad por causas políticas en territorio santafesino durante la última dictadura militar. "Estábamos en mora con este justo y merecido reconocimiento de memoria y justicia para quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, una medida reparatoria para una protección integral de esos compañeros y compañeras, y de sus familias", celebró el autor del proyecto, el diputado Gerardo Rico. La norma significa el reconocimiento a unas 2.000 personas que estuvieron en cautiverio durante los años de plomo en la provincia, y que percibirán el equivalente a dos pensiones mínimas provinciales, lo que redondea unos 4.000 pesos mensuales para cada beneficiario.

Después de haber perdido estado parlamentario más de una vez por falta de debate, la Cámara Baja le había dado media sanción a esta ley en agosto pasado, y la elevó al Senado, donde ayer contó con el voto de todos los bloques.

Se trata que el Estado abone una pensión mensual no contributiva y de carácter vitalicio para quienes fueron secuestrados o detenidos "por razones políticas, gremiales y estudiantiles entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, dentro de la provincia de Santa Fe, y como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo". El beneficio incluye a los nacidos en cautiverio y a los menores de edad que fueron detenidos junto con sus padres.

El texto de la ley precisa que los destinatarios de la pensión sean quienes "hubiesen permanecido en prisiones legales o clandestinas de cualquier tipo, incluyendo los centros clandestinos de detención, tortura y/o exterminio, o sometidas a la Justicia Penal Federal o provincial, o a tribunales militares, o a disposición del Poder Ejecutivo Nacional condenadas por un consejo de guerra, cualquiera fuese la imputación que se les hubiere formulado".

Para otorgar el beneficio reparador, la norma no tiene en cuenta el tiempo que la persona sufrió la detención. Lo que sí pone como condición es que quienes la soliciten no deben ser beneficiarios "de una prestación actual o futura de carácter nacional, provincial o municipal, derivadas de la misma situación".

El presidente del bloque de diputados del Movimiento Evita fue el primero en difundir el voto positivo del Senado. Desde Santa Fe, consideró que la nueva ley "es un paso muy importante", pero distinguió que "falta la sanción de la ley de pensión para las madres, algo que esperamos que se concrete la semana que viene", calculó en alusión a la otra iniciativa con el mismo espíritu de reconocimiento y reparación que ya fue aprobado en la Cámara Baja y aguarda su sanción.

"Esta ley viene a cubrir una necesidad de tantos compañeros y compañeras que, como resultado de aquella prisión padecida, vieron desintegrada su vida familiar o su situación personal con enfermedades adquiridas y secuelas que afectaron su reinserción laboral, fomentaron la negación a un retiro o jubilación digna, y a coberturas sociales, que conforman los derechos mínimos y básicos de toda persona", explicó Rico.

El legislador propuso "a todos los compañeros y compañeras" que se consideren en condiciones de acceder a la pensión a concurrir a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para reempadronarse en el registro correspondiente, cada uno con su certificado judicial, militar o policial que los acredite en esa situación.

Ayer, con evidente satisfacción, Rico selló su reflexión por el reconocimiento a las víctimas de la represión obtenido con palabras que Néstor Kirchner pronunció el 24 de marzo de 2004: "Las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como Presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades".