En el 17° informe anual de la Coordinadora Contra la Represión Policial (Correpi), Santa Fe vuelve a encabezar el ranking nacional de muertes por violencia institucional, como las causadas por gatillo fácil y la de personas detenidas, en la relación de la cantidad de casos acumulados desde 1983 y su población actual. El relevamiento de la ONG contabiliza casi 3800 ciudadanos ultimados por lo que define como "el aparato represivo del Estado", de los cuales 465 casos ocurrieron en territorio santafesino. El 12,3 por ciento. En la lista, la Bota va primera con un índice por millón de habitantes de 145,561, seguida por Tierra del Fuego, con 134,717. Y contra todo los supuestos, Buenos Aires está en 3° lugar, con un índice de 112,575.

La Correpi empezó a realizar este informe en 1996, "para mostrar que el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo responde a una política de estado, un estado dividido en clases que necesita de la explotación de la amplia mayoría por una reducida minoría, y que para poder garantizarla inevitablemente hace uso de la violencia y la represión", interpreta el documento que la entidad presentó el viernes en Plaza de Mayo, Buenos Aires, en un acto encabezado por la abogada María del Carmen Verdú. El archivo pretende usar la estadística para demostrar ese aserto. Entonces, colecta los casos de muertes violentas determinadas por la intervención de alguno de los brazos armados del estado: policías provinciales, la Federal, Gendarmería, Prefectura, servicios penitenciarios, entre otros. En ese abanico incluye el gatillo fácil, la muerte de personas detenidas, durante la represión de manifestaciones populares en la vía pública, y causas fraguadas. Las fuentes son varias. "Básicamente, el contacto directo con familiares o amigos de las víctimas, el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales, el aporte que recibimos de compañeros que nos remiten información ya chequeada, e informes de otras organizaciones y organismos oficiales", enumeró Verdú.

Son 3.773 asesinatos enumerados dentro de estas tipologías, desde la recuperación democrática hasta hoy. La pirámide que cuenta los casos año por año tiene un elocuente y brusco ensanchamiento a partir del 2000, cuando empieza la fase recesiva de la economía que preludió el estallido del año siguiente. De 137 muertes registradas en 1999, saltó a 229 al año siguiente, y este indicador nunca volvió a retroceder a aquellos niveles. A excepción de los años 2002 (192 casos) y 2003 (173 casos), la marca siempre estuvo arriba de 212 muertos, y llegó al pico máximo en 2009 (281) y en 2010 (282). Este año Correpi lleva contados 182 víctimas fatales, aunque cerró el informe en los primeros días de noviembre y le queda afuera lo que resta para concluir 2012. Según Verdú, esas escaladas de "víctimas del aparato represivo estatal" se condicen "con la necesidad gubernamental de mayor represión en épocas de crisis".

Las policías provinciales son, lejos, las que mayor cantidad de muertes registran en su historial, con 2163 casos de los 3.773 del total.

Al desagregar las circunstancias en las que han ocurrido, los fusilamientos de fuerzas de seguridad ﷓lo que usualmente se denomina "gatillo fácil"﷓ son mayoría: son el 46% de los casos. Lo siguen las distintas formas de muerte que ocurren en cárceles, comisarías o bajo custodia (39%).

Clasificados por grupos etáreos, la población más joven rellena la porción más grande de la torta: el 47% de las víctimas tenía entre 15 y 25 años; y el 27% estaba entre los 26 y 35 años.