Los votos de cuatro diputados nacionales santafesinos de la UCR para que el represor Luis Patti pueda ocupar una banca en el Congreso tuvieron su resonancia política en la provincia. "Son una afrenta a la democracia", opinó el abogado Jorge Pedraza, querellante en las causas que investigan el terrorismo de estado en Santa Fe y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Nación. El ingreso de Patti a la Cámara de Diputados de la Nación fue rechazado por falta de "idoneidad moral" por 161 votos a favor, 61 en contra y cuatro abstenciones. Junto al oficialismo votaron los legisladores socialistas, los del ARI y algunos radicales. En contra, sus colegas del partido de Mauricio Macri, ex duhaldistas y los diputados de la UCR, entre ellos cuatro de Santa Fe: Alberto Beccani, Pedro Morini, Hugo Storero y Alicia Tate. Storero prometió a militantes de Hijos que si Patti ingresaba a la Cámara al día siguiente presentaría un proyecto para echarlo, pero el pronunciamiento de ayer lo liberó de su promesa. En el debate estuvo ausente la diputada María del Carmen Alarcón, ex del Frente para la Victoria.

Beccani, Morini, Storero y Tate fueron los únicos santafesinos que apoyaron a Patti. Alarcón no asistió a la sesión. Y los otros catorce diputados nacionales por Santa Fe rechazaron el ingreso del represor a la Cámara: cuatro socialistas (Hermes Binner, Silvia Augsbusger, Eduardo Di Pollina y Pablo Zancada), nueve del Frente para la Victoria﷓PJ (Agustín Rossi, Ana Berraute, Juan Sylvestre Begnis, Ariel Dalla Fontana, Paulina Fiol, Jorge Giorgetti, Pedro González, Oscar Lamberto y Gustavo Marconato). Y Susana García, del ARI.

"Los votos santafesinos a favor de Patti son una afrenta a la democracia", dijo el doctor Pedraza al repudiar la actitud de Beccani, Morini, Storero y Tate. "Sobre todo porque en esta provincia, más precisamente en el bar Mágnum de la ciudad de Rosario, el 14 de mayo de 1983, Patti secuestró a los militantes políticos Osvaldo Cambiasso Eduardo Pereyra Rossi, los torturó, los asesinó y tiró sus cadáveres en Zárate", recordó el abogado.

"Después, Patti amenazó de muerte a los magistrados que investigarían estos hechos: el juez de Instrucción de Rosario, Jorge Eldo Juárez y el juez de Instrucción de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti y consiguió un 'sobreseimiento' milagroso. Y ya en el gobierno de (Raúl) Alfonsín, por presión militar, se dictaron las leyes de obediencia debida y punto final, para terminar de armar la impunidad", agregó.

La mejor defensa de Patti la hicieron los diputados radicales, entre ellos Alicia Tate, quien consideró que no se podía impedir el ingreso del represor a la Cámara sin condena judicial. "Resulta patético que una diputada de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación y abogada diga que 'Patti nunca fue condenado ni procesado'", le reprochó Pedraza a Tate. "Increíblemente olvida que por las mismas leyes de obediencia debida y punto final forzadas por los militares en el gobierno de Alfonsín se demoraron dos décadas los procesos penales contra el grueso de los responsables del terrorismo de estado con un manto de impunidad", apuntó.

En el debate en el recinto, la diputada Tate incurrió en un error cuando dijo que los testimonios que se escucharon en la Cámara fueron los mismos que no alcanzaron para condenarlo en la Justicia. "De hecho, la reapertura de la causa Cambiasso﷓Pereyra Rossi y el proceso por Muñiz Barreto se basan en nuevas pruebas", informó Página/12.

Pedraza marcó también otra contradicción de los radicales. "No explican por qué en el año 2000 aceptaron rechazar al ingreso del represor Domingo Bussi al Congreso y ahora cambiaron el criterio respecto de Patti. ¿Será porque en ese momento la Alianza gobernaba el país y ahora no conviene que Kirchner pueda tener rédito político?", se preguntó el abogado. "La idoneidad moral es un requisito indispensable para el acceso a un cargo público (artículo 16 de la Constitución Nacional ). Y la Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez (articulo 64 CN).

El abogado enumeró también las siete acusaciones que pesan sobre Patti. Una es el asesinato de Osvaldo Cambiaso y de Eduardo Pereyra Rossi. "Patti participó en el secuestro de estos militantes montoneros y admitió haberlos matado, aunque en un presunto enfrentamiento. Tras enormes presiones al juez de la causa, obtuvo un sobreseimiento que se transformó en definitivo por el paso del tiempo. Documentos demuestran que hubo inteligencia previa en el caso. Y los papers desclasificados por Estados Unidos ratifican la presión política que sufrió la causa. La fiscalía pidió la reapertura de este expediente que en 1983 llevó a Patti a la cárcel".

"Aceptar a Patti como diputado era una afrenta moral a la República y una apología al terrorismo de estado, volvería la nefasta teoría de los dos demonios y tendría inmunidad parlamenaria frente a una inminente detención en las causas penales que están abiertas", concluyó Pedraza.