El juez de Instrucción de Reconquista, Virgilio Palud, sumó ayer una nueva denuncia y pedido de enjuiciamiento en la Corte Suprema de Justicia santafesina. La presentación que realizó una abogada rosarina lo acusa de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, denegatoria de Justicia y mal desempeño de sus funciones" en el marco de una causa por el robo de 1.264 cabezas de ganado, durante un trámite sucesorio. La investigación por el hecho volvió a foja cero luego que el magistrado se excusara por haber sido socio del abogado acusado en el expediente, con quien terminaron "enemistados". El detalle es que la excusación llegó tres años después de la denuncia formal, y en ese trámite --según la denuncia-- "nunca se llamó a indagatorias". Ahora, el caso será tramitado por el juez Correccional Jorge Galbusera.

La denuncia por abigeato durante una sucesión familiar, fue radicada en 2009, aunque el hecho tuvo lugar el año anterior. Entre los acusados en la causa figura un abogado treintañero del fuero de Reconquista, que fue socio del juez Palud.

Tras notificarse sobre la nulidad de todo lo actuado por el cuestionado magistrado, la abogada rosarina Luciana González, confirmó el patrocinio de una de las víctimas de robo, en el expediente 1260/09; pero se excusó de dar detalles de la presentación que ingresó ayer a la Corte, por cuestiones éticas que hacen a la profesión; y porque el procedimiento en curso y aún no fue admitido. "No puedo dar especificaciones con respecto a la causa, pero puedo confirmar que se realizó la presentación", señaló.

Según pudo saber este diario, la denuncia apunta "serias irregularidades en el desempeño de funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público". Al parecer, durante los tres años que la investigación estuvo en el despacho de Palud, éste "no llamó a indagatorias" a los acusados. Al mismo tiempo, se denuncia que el magistrado "demoró tres años en darse cuenta que uno de los acusados había sido socio suyo y se excusó al indicar que habían terminado con una gran enemistad; por lo que la defensa de los acusados pidió la nulidad de lo actuado y la causa volvió a foja cero".

La presentación que llegó al máximo tribunal acusa a Palud de "no haber investigado una denuncia por abigeato; y pide el jury porque el juez tendría interés en no investigar", deslizó una fuente tribunalicia.

Con ésta, Palud suma cinco denuncias en diferentes causas. Formalmente, tiene tres sumarios administrativos abiertos, ordenados por la Corte. Como publicó Rosario/12 en las ediciones del domingo y lunes pasado, el dueño de una librería de Villa Ocampo denunció a Palud porque no ordenó las medidas tendientes a investigar el incendio que destruyó su comercio en 2007, donde estalló una bomba molotov. Walter Velozo lo acusó ante la Corte por "mal desempeño e incumplimiento de deberes de funcionario público". También hay un pedido de juicio político de parte del destituido juez federal Eduardo Fariz presentado en septiembre; denuncias de la contadora Leila Ittig, que apuntó a irregularidades cometidas en la instrucción de la causa por el abuso sexual de su hija, de cinco años, en Reconquista; cuestionamientos del diputado Eduardo Toniolli y el defensor general Gabriel Ganón en una causa por apremios policiales en Florencia; y el reciente pedido de informes de la Corte por su actuación en la causa por la tragedia de Ecos, de 2006.

Ese expediente por el accidente de tránsito en el que murieron nueve alumnos y una docente, es uno de las más cuestionados al magistrado, luego que la Cámara Penal de Rafaela decidiera volver atrás con la sentencia a tres años en suspenso que le había dado Palud al chofer del colectivo en el que se trasladaban los estudiantes, Oscar Atamañuk, porque no lo citó previamente a la audiencia de visu, que fija el Código Procesal Penal. Ahora, la fiscalía de Cámaras apeló la resolución de nulidad de la Alzada y se espera una resolución de la Corte al respecto. De esa presentación, puede revocarse la nulidad de la sentencia del chofer o confirmarla y dar lugar a que el juez Jorge Fernández vuelva a dictar sentencia. Aunque la semana pasada trascendió que la causa había prescripto, el abogado de los familiares de las víctimas, Marcelo Parrilli, negó tal situación.