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El gobernador Antonio Bonfatti derogó las normas que regulan la selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial a ser designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y en su lugar creó un único sistema de autolimitación para estas designaciones. Para acceder a los cargos primero habrá que superar los concursos, mientras los jurados que evaluarán a los postulantes serán elegidos por sorteo, según lo establece el Decreto Nº 3904/12.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicaron que "para la selección de estos funcionarios públicos existía una dispersión de normas y de sistemas que se consideró necesario unificar en el Consejo de la Magistratura. Los postulantes accederán a una normativa sistemática, lo que les permitirá conocer fácilmente las reglas de los concursos".

Desde la cartera de Justicia y Derechos Humanos, en cuya órbita funciona el Consejo de la Magistratura, explicaron que continúa el diagrama según el cual el Poder Ejecutivo, sin renunciar a su facultad y deber constitucional, decide tener la menor injerencia posible en la evaluación de los aspirantes. Por otra parte se previó que en la conformación del Consejo no participen el Poder Legislativo, que ya tiene la facultad de prestar o no acuerdo legislativo; ni los miembros de la Corte Suprema de Justicia en su calidad de tales, por la división de poderes y por las funciones y facultades que el máximo tribunal detenta respecto de la actuación de los magistrados, integrando incluso de manera significativa el tribunal de enjuiciamiento.

Por el contrario, el gobernador brindó una mayor ponderación a sectores inmediatamente vinculados a la temática que no cuentan con otros mecanismos institucionales para participar del proceso de designación: abogados que ejercen la profesión, quienes se encuentran en permanente contacto con el sistema y constituyen el vínculo entre los justiciables y el Poder Judicial; magistrados con experiencia, pero sin comprometer a un órgano determinado que conforme la estructura funcional de la magistratura; y las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal (cuando se trate de seleccionar funcionarios de estas instituciones). Por último, se consideró que la actuación de docentes de las universidades nacionales otorgará al proceso un marco de transparencia y un reaseguro de calidad, pluralismo y excelencia.

Los jurados que evalúan a los postulantes serán elegidos por sorteo, en tanto el perfil de juez o funcionario (fiscales y defensores del nuevo sistema procesal penal) al que se aspira no sólo se conforma con una adecuada capacidad técnica sino también con un manifiesto compromiso con el estado de derecho y con el servicio de justicia.

"Para acceder a los cargos es necesario traspasar el umbral de los concursos -particularmente la calificación de antecedentes y la prueba de oposición- no resultando razonable que esta evaluación técnica efectuada por personas calificadas, en base a parámetros relativamente establecidos y luego de un procedimiento razonablemente reglado, sea dejada de lado por una entrevista", señalaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La entrevista queda reservada a verificar que los postulantes exhiban una manifiesta voluntad democrática, republicana y de defensa de los derechos humanos y principios constitucionales, así como un claro compromiso con el servicio de justicia.

"Para el diseño del nuevo sistema se atendieron expresas recomendaciones vertidas, incluso en las últimas oportunidades en que se trataran pliegos, de legisladores tanto oficialistas como de la oposición, quienes convinieron en que la propuesta que se eleve al gobernador no esté condicionada exclusivamente al puntaje técnico dado que los postulantes que la integran ya han superado los estándares de calidad previstos en las instancias anteriores. Con ello se apuesta a que esta nueva manera de elaborar la propuesta permitirá una ponderación más global y profunda, habilitando la consideración de otras cualidades de los candidatos", concluyeron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.