El socialismo reaccionó en bloque a la ofensiva justicialista del documento escapado, de la movilización del Movimiento Evita entre ayer y mañana, y de la marcha de intendentes a Gobernación para la semana próxima. Le contestó con otro extenso documento con el que le imputa a sus dirigentes cinismo y vocación desestabilizante al atribuirle toda la culpa de la narcoviolencia en Rosario a los gobiernos provincial y municipal y eludir la responsabilidad del orden nacional. El contraataque iniciado el miércoles por la intendenta Mónica Fein a su regreso ayer lo continuaron otras voces del partido como su secretario general a nivel provincial, el senador provincial Miguel Lifschitz, y la diputada nacional Alicia Ciciliani. La respuesta emitida por la Junta Provincial del Partido Socialista acusa al secretario de Transporte, Alejandro Ramos, y al diputado nacional Agustín Rossi de estigmatizar a Santa Fe de cara al país para posicionarse en la carrera electoral del año y erosionar la imagen de Hermes Binner, el presidenciable del Frente Amplio Progresista. Los aludidos también retrucaron con conceptos que rondan sobre la idea de que el socialismo se victimiza y que carece de un plan.

El documento, difundido a última hora del miércoles, se titula "Sobre la violencia, la inseguridad y el narcotráfico", y se esfuerza en marcar el contexto internacional de la penetración narco. Señala que "la Nación tiene las principales herramientas para combatirlo, pero que explota en los barrios populares sorprendiendo a los municipios sin facultades para dar respuesta". Y se queja de que los reclamos no llegan al Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré. Cita informes de la Corte Suprema nacional que exponen el incremento de homicidios en Ciudad de Buenos Aires, que en su conurbano el 40 por ciento de los asesinatos son venganzas, y que los mismos aumentaron 70 por ciento en Córdoba, 16 por ciento en Mendoza, y 15 por ciento en Rosario.

"Es un fenómeno nacional y urbano", resalta el documento y sostiene que "el crimen organizado se ha venido consolidando durante décadas, articulado con cierta complicidad estatal y en sociedad con algunos sectores económicos". Y lo remonta a los años de las narcovalijas de Amira Yoma durante el menemismo, y la denuncia de Domingo Cavallo contra Alfredo Yabrán y sus empresas de carga aeroportuaria. Desde entonces, preguntan y desafían, "¿cuántos casos de lavado de dinero han sido descubiertos y denunciados?".

El contraataque socialista sostiene: "Hay que estar impregnado de mucho cinismo para culpar a un gobierno local o provincial por el crecimiento de la violencia armada mientras sigue saltando en los medios la presencia de capos narcos colombianos o mexicanos viviendo y haciendo negocios en Argentina". Por eso carga contra "un secretario de Estado como Alejandro Ramos, o un diputado nacional como Agustín Rossi que estén impulsando movilizaciones y acciones desestabilizantes contra un gobierno legitimado por la voluntad popular en esta provincia, desligándose de la responsabilidad que ambos tienen en el gobierno nacional. Es lamentable que representantes santafesinos encabecen una campaña nacional de estigmatización de su provincia y de Rosario, con el único objetivo de posicionarse electoralmente y de dañar la imagen de uno de los candidatos a presidente con mayores chances para 2015".

Fein había despuntado anteayer el discurso que luego se plasmó en el pronunciamiento oficial. "Mientras en la Unasur --recalca el documento-- se propone un consejo para abordar el crimen organizado por su característica internacional, en la Argentina se pretende responsabilizar a los gobiernos opositores por no solucionarlo, mientras las fuerzas nacionales se concentran en los lugares de interés político del partido de gobierno".

El socialismo rescata sus políticas públicas, en Rosario primero, y ahora en Santa Fe, pero las reconoce como insuficientes "ante la exclusión social generada por la desigualdad, la pobreza y la inflación que persisten en Argentina, y la falta de políticas nacionales de seguridad que enfrenten de manera efectiva y sostenida el crimen organizado".

La carta reclama para el país "un FBI contra las drogas, pero también resolver la pobreza y la exclusión social de millones de argentinos, en especial en las grandes ciudades". A eso le opone acciones de la administración Bonfatti como "la reforma policial que está en marcha, la regionalización de la policía y la creación de la Secretaría de Delitos Complejos y la Subsecretaría de Delitos Económicos para detectar enriquecimientos injustificados". A contrapelo de quienes los acusan de menguar la intervención estatal en los barrios, los socialistas afirman haber "reforzado la estrategia de prevención social con participación de la comunidad (...) pero los cambios serios llevan tiempo y difícilmente sean exitosos si no hay también estrategias nacionales en el mismo sentido".