El fiscal federal Juan Patricio Murray pidió ayer al juez federal Marcelo Bailaque la nulidad de un procedimiento realizado en las calles Esmeralda al 1800 y 1900 en el que fueron detenidas tres personas, con una orden de allanamiento emitida por el juez de instrucción Juan Carlos Vienna, en el marco del megaoperativo que se viene desarrollando desde el último viernes, y que investiga originalmente el asesinato de Martín "el Fantasma" Paz.

"Un juez de instrucción, que desde un comienzo ha conocido su incompetencia para actuar, no podía ignorar la falta de la misma para ordenar el secuestro de estupefacientes, elementos para fraccionarlos, balanzas y todo otro elemento incriminante tal como lo consignó en las órdenes de allanamiento libradas", dijo Murray.

Y agregó: "El juez (Vienna) supo o presupuso por algún elemento inherente a la investigación que estaba llevando a cabo en relación al homicidio que se ventilaba en la causa 913/12, que una de las hipótesis bajo pesquisa era la de infracción a la ley federal de estupefacientes 23.737".

La presentación recuerda que si bien se agregó a esta ley el artículo 34 que prevé que las provincias podrán perseguir con su aparato judicial la tenencia con fines de comercialización, y la venta al menudeo o a los consumidores, Santa Fe no adhirió a esta norma.

"Debió entonces el magistrado provincial declararse incompetente en razón de la materia y remitir las actuaciones o todas ellas -si es que el homicidio se encontraba vinculado a un accionar de organización de narcotraficantes- a la justicia federal para que continuara con la investigación de los hechos", entendió Murray.

"Nada de eso se hizo y por lo tanto incurrió en una nulidad de orden general que hace a la capacidad del juez actuante para la emisión del acto en cuestión (allanamiento y secuestro) siendo la misma una nulidad absoluta por implicar violación de normas constitucionales como el artículo 116 de la Constitución nacional", dice el escrito del fiscal.

"Amén de todo lo expuesto el accionar del juez de instrucción provincial avasallando competencias indudables de orden federal, de manera consciente o inconsciente pudo haber frustrado investigaciones que se encontraban desarrollando en esta jurisdicción, impidiendo de esta manera avanzar hacia estamentos más elevados en la cadena de narcotráfico y en complicidades de agentes estatales con dichos delitos", sostiene.

"La persistencia de actitudes como la aquí impugnada desataría un verdadero conflicto de gravedad institucional. La obviedad de la falta de competencia de dicho magistrado para el desarrollo de los procedimientos ordenados colocan al mismo en la comisión de hechos con apariencia delictiva, lo que amerita la apertura de una investigación en esta sede fiscal para establecer el encuadramiento presunto de estos y eventualmente impulsar las acciones penales correspondientes", concluyó el fiscal federal, quien pidió la inmediata libertad de los tres detenidos de apellidos Vilches, Sosa y Oviedo.