Desde Santa Fe

Las dos querellas en la investigación del asesinato de Silvia Suppo, en marzo de 2010, recusaron al juez federal Reinaldo Rodríguez por su reticencia a agotar la hipótesis del crimen por encargo, pero el magistrado rechazó el planteo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de los abogados Guillermo Munné y Lucila Puyol -que patrocinan a los hijos de Silvia, Marina y Andrés Destéfani-, por lo que ahora deberá resolver el incidente la Cámara Federal de Rosario. Rodríguez ya había quedado a tiro de recusación en abril, cuando la Cámara revocó -por segunda vez en menos de un año- el cierre de la causa sin concluir la investigación del móvil político y le ordenó una batería de pruebas en esa línea. Sin embargo, las medidas no se cumplieron. "Porque este juez sólo puede arruinar y perjudicar las pruebas, así que es imprescindible la designación de otro magistrado que esté en condiciones efectivas de conducir la causa y concretar las medidas", dijo Munné a Rosario/12.

La recusación de Rodríguez se conoció en una audiencia que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, concedió al Foro contra la Impunidad y por la Justicia que -entre otras cosas- le reclamó el esclarecimiento del asesinato de Suppo. En la entrevista participaron también los querellantes. "La doctora Gils Carbó se comprometió a apoyar la tarea del fiscal federal Walter Rodríguez en la causa", explicó Munné.

Los abogados de los hijos de Suppo y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recusaron al juez Rodríguez porque "hasta ahora sólo obstaculizó las pruebas que propusieron los querellantes y nuevamente volvió a ordenar la Cámara", en el mes de abril. Pero el magistrado no se apartó de la causa y obligó a Munné y Puyol a recurrir la decisión en segunda instancia. "A pesar de las manifestaciones personales del doctor Rodríguez que varias veces nos dijo que coincidía que era procedente una recusación, después no la aceptó y puso un nuevo obstáculo al trámite, así que ahora deberá resolver la Cámara Federal", apuntó Munné.

Las pruebas quedaron pendientes hasta tanto el tribunal "resuelva la recusación. El juez Rodríguez las quería implementar igual, pero nosotros nos negamos y adelantamos que podían resultar nulas", precisó el abogado. "El fundamento de la recusación es obvio: este juez sólo puede arruinar y perjudicar las pruebas, así que es imprescindible una pronta designación de un magistrado que esté en condiciones efectivas de conducir la causa y concretar las medidas"

-¿Qué respuesta les dio la procuradora Gils Carbó?

-Coincidió en la trascendencia del tema y en el reclamo de justicia por el asesinato de Silvia Suppo. Y se manifestó dispuesta a respaldar las acciones que viene haciendo el fiscal federal Walter Rodríguez para que los reclamos de los querellantes efectivamente se cumplan ﷓respondió Munné.

Entre otras cosas, la Cámara ordenó la búsqueda de dos testigos claves: un remisero de Rafaela que trasladó a los autores confesos del homicidio, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres, cuando escapaban de la escena del crimen y una mujer que vio a un tercer hombre cerca del lugar, pero nunca fue llamada a declarar por el juez. Más, una pericia de un video que la empresa que gestiona la Terminal de Omnibus de Rafaela entregó dos veces a los investigadores del caso: la primera copia desapareció y la segunda, ahora tampoco aparece. El juez Rodríguez ya descartó "la inexistencia de un plan para eliminar a Suppo", pero la Cámara plantó la duda. "La pesquisa no está agotada".

Durante la dictadura, Suppo fue secuestrada, torturada, violada y sometida a un aborto y dos meses después de dar testimonio de su martirio, el 29 de marzo de 2010, asesinada de nueve puñaladas en un supuesto intento de robo, al que no opuso resistencia. "Tanta violencia, tanta saña y tanto salvajismo no pueden quedar impunes", dicen sus hijos y sus compañeros.

Las contradicciones entre el juez y la Cámara se plantearon por la situación procesal de otros dos imputados en la causa: Emiliano Rodríguez y Miguel Angel Mendoza. El juez les dictó el sobreseimiento dos veces, lo que significaba desvincularlos de la investigación. "Tengo la certeza de la inexistencia de un plan para eliminar físicamente a Silvia Suppo y de la no participación de Mendoza y Rodríguez en el hecho", resolvió el juez. Pero la Cámara revocó ese fallo, también dos veces -en junio de 2012 y en abril de 2013- y dispuso la falta de mérito.