Desde la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y a través de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal; pidieron una audiencia con el ministro de Seguridad de Santa Fe Raúl Lamberto, "preocupados por la situación de algunos de los detenidos por la comisión de delitos de lesa humanidad que se encuentran alojados en Alcaidía de Jefatura, al cuidado de oficiales de policía", dijeron los dirigentes. El encuentro se produjo el viernes y allí le pidieron al ministerio de Seguridad "que dicte una resolución mediante la cual se instruya a la policía provincial para que no reciba detenidos por delitos de lesa humanidad y que los mismos sean derivados a cárceles comunes". Lamberto se comprometió a analizar el problema.

En la reunión con el ministro Lamberto y la funcionaria del área Lucrecia Aranda; participaron concejales como Fernanda Gigliani (PPS) y Norma López (FpV). Por Familiares de Detenidos por Razones Política concurrieron Héctor "Chinche" Medina, Jesica Pellegrini y Gabriela Durruty.

Le informaron al ministro que resulta "a todas luces ilegal e ilegítimo que los que cometieron los peores crímenes estén alojados en Alcaidía de Jefatura custodiados por la policía que tiene otras funciones que cumplir", dijeron los representantes de organismos de derechos humanos. Y agregaron que "represores procesados y convictos pasan sus días en alcaidía en un penal que viola la Constitución Nacional. Es más, los presos comunes tampoco deberían estar ahí, pero los que cometieron los delitos más graves que la humanidad pudo imaginar mucho menos".

Los representantes de organismos de derechos humanos le dijeron al ministro Lamberto que no desconocen que algunos jueces federales de Rosario y también los integrantes de los Tribunales Orales, "suelen dar orden de alojar a los detenidos en Alcaidía de Jefatura, pero también sabemos que nadie está obligado a cumplir una orden ilegal".

Concretamente le piden al ministerio de Seguridad de la provincia que dicte una resolución mediante la cual se instruya a la policía provincial para que no reciba detenidos por delitos de lesa humanidad y que los mismos sean derivados a cárceles comunes. "Por supuesto esta norma podría admitir excepciones, como el caso de encontrarse en trámite un juicio oral, o la necesidad de realizar alguna medida, pero el alojamiento permanente debe ser en cárceles comunes, la detención en dependencias policiales debe ser absolutamente excepcional", dijeron.

También pusierone en conocimiento al ministro Lamberto de que el Minsiterio de Defensa de Nación, cuando se encontraba comandado por Nilda Garré dictó la resolución Nº444 del 5 de mayo de 2006 para dar el tratamiento adecuado a los detenidos y para no burlar el derecho de las víctimas a la justicia.

En la mencionada resolución la ministra ordenaba a las fuerzas de seguridad nacionales no recibir detenidos de lesa humanidad, que sólo serían alojados en dependencias del servicio penitenciario federal.

"El ministro se mostró dispuesto a recibir nuestro pedido y nos dijo que están en tratativas para sumar al servicio penitenciario provincial como custodia de los detenidos en Alcaidía", dijeron los familiares.