(Desde Santa Fe)

Un operativo de la defensa para cerrar la causa por la catástrofe del río Salado en 2003 provocó escozor en la justicia santafesina. El juez Gustavo Urdiales (Sentencia 6º) suspendió el juicio ante un pedido de los abogados del ex intendente de Santa Fe Marcelo Alvarez para que declare "la prescripción de la acción penal", archive el caso y dicte el "sobreseimiento" de su defendido. Urdiales decidió tomarse toda la semana para correr vista a las partes, antes de resolver el incidente y -﷓de paso-﷓ postergar la ronda de alegatos y el veredicto. Los fiscales Jorge Andrés y Mariela Jiménez ya preparan el retruque e insistirán que el magistrado habilite los alegatos para que esté en condiciones de emitir su fallo a partir de noviembre. "La causa no está prescripta y tiene que terminar con una sentencia", dijo el fiscal Andrés a Rosario/12. Los actores civiles Jorge Castro y Milagros Demiryi se pronunciaron en el mismo sentido.

Alvarez, el ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli y el ex director de Hidráulica están imputados por "estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas", a pesar de que la catástrofe le costó la vida a 23 personas, más decenas que murieron después por secuelas.

La defensa de Alvarez plantea tres supuestos para sostener que la causa está prescripta:

*La pena máxima del delito de "estrago culposo agravado" es de cinco años. El proceso judicial duplica ese plazo.

*El último acto interruptivo de la prescripción es el requerimiento fiscal de elevación a juicio, en junio de 2006. Ya pasaron siete años.

*O en su caso, el traslado a la defensas para contestar la requisitoria a juicio, en mayo de 2008. Los cinco años también se cumplieron en mayo de 2013.

"No se puede soslayar que la causa tuvo considerables demoras, solo atribuibles a los actores civiles (Jorge Castro y Milagros Demiryi), en todas las instancias, aunque sin éxito, intentaron incorporar a la causa a los ex gobernadores Reutemann", dijeron los abogados del ex intendente, Pablo Guatavino y Alejandro Paz.

Pero la clave del debate es si los plazos de la prescripción están suspendidos desde que Alvarez, Berli y Fratti eran funcionarios, en 2003, y después, siguieron cobrando sueldos del Estado. El escrito de la defensa del ex intendente retruca ese argumento con dos fallos de la Corte Suprema de la Nación, de 2008 y 2012, que consideran que no se trata de cualquier cargo público, sino de uno con suficiente poder como para "obstaculizar la investigación con la finalidad de que el plazo de prescripción de la acción penal fenezca durante el tiempo de su desempeño", dijo la Corte. En 2003, Alvarez, Berli y Fratti eran funcionarios políticos y empleados públicos con licencia, así que después de la catástrofe del Salado volvieron a sus cargos de planta permanente.

Los fiscales sostienen que el rol de funcionario de los tres imputados suspendió la prescripción. "Nuestra posición es clara. La acción penal no está prescripta porque eran y son funcionarios públicos y por lo tanto el plazo se suspende", dijo Andrés.

La semana pasada, Andrés y Jiménez pidieron "la clausura del período probatorio para que comiencen los alegatos finales. Nuestra intención es que para el mes de noviembre, la causa está en condiciones de ingresar a fallo", explicó el fiscal. En ese lapso de producción de pruebas, hubo una ronda de más de 30 testigos. Pero queda pendiente un pedido de abogado Néstor Oroño, que defiende al ex ministro Berli, para que se realice una peritaje sobre el clima en 2003. Se trata de un estudio climatológico para el que fueron sorteados tres peritos que la semana pasada aceptaron el cargo. Una es perito oficial de Rosario y las otras dos fueron sorteadas de la cátedra de Meteorología de la Universidad de Buenos Aires.