El gobernador Antonio Bonfatti y su ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, firmaron ayer la adhesión de Santa Fe a un programa de colaboración entre Nación y provincias que apunta a coordinar acciones y recursos en la prevención y combate de delitos relacionados con el narcotráfico y la trata de personas, especialmente. Lo hicieron en Buenos Aires, durante la audiencia que mantuvieron por la tarde con el ministro de Seguridad nacional, Arturo Puricelli. Y aunque la expectativa era el pedido expresado previamente por el gobierno santafesino de que la Nación envíe gendarmes para reforzar el aparato de seguridad en la provincia, ambos sólo se pronunciaron mediante un comunicado formal sin precisiones concretas acerca de lo que depara el plan.

Se trata del Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad. Por ese acuerdo, Puricelli entregó el viernes 50 patrulleros a la policía de Santiago del Estero, y 700 vehículos a la provincia de Buenos Aires, entre patrulleros, camionetas y motos policiales.

Según la comunicación oficial, el plan al que Santa Fe adhiere desde ayer persigue "la ejecución de acciones de alcance federal, tendientes a la cooperación, colaboración y asistencia para la promoción de políticas públicas en materia de seguridad". Dentro de esa solemne definición pueden caber muchas cosas que hasta anoche nadie especificó. Sobre todo porque el mismo día en que el gobernador encabezó una conferencia a horas de que su vivienda fuera atacada a balazos, el propio Lamberto volvió con el reclamo de gendarmes y llegó a precisar que "con 400 efectivos estaría bien". Ayer, antes de viajar a la reunión con Puricelli, reiteró ese planteo. "Y que el gobierno nacional colabore con Santa Fe como lo hace en Buenos Aires, don de algunas comisarías están a cargo de Gendarmería". En declaraciones a LT8, el ministro provincial avisó que seguiría insistiendo. "El alcance lo determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero siempre hemos planteado como objetivos mínimos el control en las rutas nacionales y eventualmente la colaboración en las investigaciones de delitos complejos que trascienden las fronteras de la provincia".

Luego de la reunión de ambos responsables de Seguridad con el gobernador, sólo dejaron trascender que Bonfatti dijo como conclusión de la cita: "Para la provincia de Santa Fe es un paso importante el que hemos dado hoy, porque nos posibilita un convenio marco, y muchos particulares, que tienen que ver con abordar en forma conjunta, entre provincia y Nación, distintos hechos que hacen a la realidad delictiva del país, y en particular de Santa Fe".

El programa comenzó a hilvanar acuerdos con las provincias en agosto pasado, luego del decreto presidencial nº 1077 que lo creó. Según el propio Puricelli, es un marco de entendimiento político para "insertar nuevas prácticas, protocolos y tecnologías en los distritos provinciales para hacer más eficiente la conjuración del delito, y concurrir en ayuda de los distritos en temas relacionados a la seguridad". Un objetivo de este plan es fortalecer el Consejo de Seguridad Interior.

Luego de otras provincias como Buenos Aires, Santiago del Estero y La Rioja, entre otras, le llegó el turno a Santa Fe, escaldada por los niveles de violencia percibidos y propalados ya a nivel nacional como preocupantes. Bonfatti se mostró "muy contento porque a partir de poder dialogar podemos encontrar acuerdos". Y Puricelli lo retribuyó con su "agradecimiento por poder contar con una provincia más en el programa".

Con este acuerdo -citó el comunicado de gobierno﷓ "la provincia adhiere y aprueba todos los instrumentos que forman parte del programa y se compromete a su aplicación en todo el territorio, y a la rendición de cuentas de fondos presupuestarios transferidos según lo establece la cartera nacional". Para su aplicación, la Casa Gris "deberá remitir informes a los efectos de suscribir oportunamente convenios específicos" sobre "capacitación de recursos humanos, sistemas de información, producir conocimiento en el amrco de investigaciones judiciales, fortalecer el sistema de seguridad interior, adquirir tecnología y equipamiento, establecer políticas de prevención social del delito".

La adhesión al programa impone protocolos comunes de actuación en cuanto a "la custodia de registros fotográficos periciales para la policía federal, y de traslado de estupefacientes secuestrados hasta su destrucción". También Santa Fe se comprometió de esta manera a procedimientos uniformes con el plan en cuanto a la detección e investigación de casos de trata de personas y feticidios.

Con el programa se da curso a la red Isopro, "que permitirá decepcionar todas las órdenes judiciales y su inmediata retransmisión a los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad", se informó.