"No avanzan las causas por enriquecimiento ilícito de policías", tanto las que descansan en la justicia como las que lo hacen en la Secretaría de Control de Seguridad, dependiente del propio Ministerio Lo denunció el diputado provincial Maximiliano Pullaro, quien ingresó un proyecto en la Cámara Baja pidiendo al Ejecutivo provincial que explique las razones. El legislador radical se animó a hablar de "connivencia de la policía con el delito" y apuntó a los agentes que "manchan el uniforme sistemáticamente al utilizarlo como una herramienta para hacer más e?caz e impune la economía criminal".

En diciembre del año 2003 se promulgó la Ley 12.238, que tiene por objeto establecer un "Procedimiento para la Investigación del Enriquecimiento ilícito del Personal Policial". En dicho texto legal, se regula no solamente el procedimiento administrativo de cada causa que se origina, sino la obligación de que las actuaciones pasaran a la justicia en caso de que a prima facie se pudiera estar en presencia de un delito. De esa forma, las investigaciones por enriquecimiento ilícito de agentes pueden marchar vía el Poder Ejecutivo, a través del área de Asuntos Internos, y a través de la Justicia, por el otro. Transcurrieron diez años, la palabra narcotráfico no se asociaba brutalmente a Rosario, y para Pullaro hay un escaso movimiento de las causas.

"Dicho sistema no funcionó en la medida en que había sido pensado, o bien los tribunales jurisdiccionales no han cumplido en tiempo y forma con su obligación de investigar y sancionar este tipo de conductas", señaló el legislador de la UCR, quien pidió que la situación "sea corregida". "La connivencia de las fuerzas de seguridad con el delito no solamente tienen un impacto directo en el sistema de seguridad pública provincial; sino que además lesionan seriamente la confianza de la ciudadanía para con la policía, y en última instancia para con el sistema democrático en su conjunto", agregó.

Por un lado, Pullaro le solicita a la Secretaría de Control de Seguridad que detalle la cantidad de sumarios iniciados en función de la Ley 12.23. Pide número de registro, expediente y año de cada información; fecha de inicio y estado de avance de cada sumario; nómina del personal policial en actividad y en situación de retiro que se encuentre investigado por enriquecimiento ilícito; y detalle de las informaciones sumarias que hayan sido remitidas al Poder Judicial provincial.

Por el otro, insta a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a que informe sobre los procesos penales relativos a causas por enriquecimiento ilícito derivados de sumarios a partir de la Ley 12.238. En este caso, se piden datos del proceso penal, consignando fecha de inicio, carátula, número de expediente, año, juzgado y fiscal intervinientes; datos personales de los imputados en cada proceso; y situación procesal del personal policial imputado en informaciones sumarias.

"Nadie se debe considerar intocable", planteó Pullaro, al momento que consideró que los esfuerzos del gobierno encabezado por Antonio Bonfatti e incluso de dirigentes y funcionarios públicos que enfrentan a bandas organizadas, "no valdrán de nada si ciertos procedimientos no avanzan como corresponde". Y en ese sentido, abogó por la necesidad de contar con una policía "honesta, capacitada, equipada y respetada socialmente".