Jueves, 12 de diciembre de 2013 | Hoy
SANTA FE › HáBEAS CORPUS DE MARTíNEZ
La Justicia rechazó el recurso de hábeas corpus presentado por el dirigente de Apropol, Alberto Martínez, en la causa que investiga los mensajes de texto intimidantes que recibió el gobernador Antonio Bonfatti, los primeros días del conflicto policial. La resolución del juez Javier Beltramone, en subrogancia del juzgado de Instrucción 14, por la "probable comisión del delito de amenazas, a través de un celular", tiene que ver con la presentación que hizo el abogado de Martínez y su esposa, Catalino Portillo, tras el allanamiento en su vivienda, donde se secuestró un aparato telefónico. Para los investigadores llamó la atención la presentación del recurso cuando los implicados no están detenidos. De hecho, la Justicia espera su presencia recién para hoy, a una declaración informativa, debido a que la pareja estaba de viaje en el sur cuando se ordenó el allanamiento y secuestró del aparato.
"No se ha acreditado restricción ilegal alguna o amenazas ilegales respecto de la libertad individual de los mencionados que sean finalmente violatorias de las normas constitucionales pertinentes y no habiendo razón plausible para litigar: con costas", reza una parte de la resolución desestimatoria.
La Justicia dio con el aparato telefónico del que provendrían los mensajes, tras una serie de allanamientos realizados el fin de semana. El mismo, correspondería a la esposa del titular del sindicato no reconocido de los policías, quien también fue solicitada a declarar.
Apenas los mensajes intimidantes llegaron al celular del mandatario, se decidió hacer la denuncia en la Fiscalía de Causas con Imputados no Individualizados (NN) a cargo de Marcelo Vienna, quien concurrió al despacho de Bonfatti y se llevó pruebas de la intimidación.
El lunes pasado, el abogado Portillo presentó el recurso. "La acción de hábeas corpus interpuesta en favor de sus asistidos fundamenta su petición estimando que (sus clientes) se encuentran en el sur, desconociendo el motivo de la medida de allanamiento. Estiman que no pueden llevar una vida normal alterando completamente el habitual ritmo de vida", según planteó el letrado.
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