Un grupo de diputados provinciales del PJ presentó ayer un proyecto de ley para que sean los propios municipios santafesinos los que controlen el programa de Precios Cuidados. Los diputados del Frente para la Victoria, Eduardo Toniolli, Gerardo Rico, Mariana Robustelli, Marcelo Picardi, Aliza Damiani, Oscar Urruty, Luis Rubeo y José Tessa de Nuevo Encuentro, se reunieron en la sede de la Cámara de Diputados en Rosario donde presentaron el proyecto de delegación de facultades de la Dirección de Comercio Interior de la provincia a los municipios, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de precios y los derechos de los consumidores.

Rubeo expresó: "Todos somos responsables de cuidar los precios y combatir la inflación por ello esta iniciativa de delegar las facultades que actualmente le son propias a Comercio Interior de la provincia a los municipios".

La ley nacional de Defensa del Consumidor dispone que los gobiernos provinciales actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y sanción sobre el cumplimiento de la misma con respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción. También posibilita a las provincias la delegación operativa en organismos de sus dependencias ministeriales o en gobiernos municipales.

Toniolli, uno de los autores del proyecto, consideró que "la inacción de la Dirección de Comercio Interior de la provincia, asumida y justificada públicamente por sus funcionarios, puede ser suplida con el empoderamiento de los gobiernos locales".

Los concejales del Frente para la Victoria﷓PJ, Roberto Sukerman y Norma Lopez, apoyaron el proyecto presentado por los diputados provinciales del interbloque FpV﷓PJ, para que los municipios se conviertan en Autoridad de Aplicación de la ley de Defensa del Consumidor.

Sukerman expresó: "Hace tiempo que vengo proponiendo que municipios de las características de Rosario necesitan las condiciones para oficiar como Autoridad de Aplicación". Y agregó: "Delegar y descentralizar en los gobiernos locales las competencias que actualmente son propias de la Dirección General de Comercio Interior de la provincia, implica un avance en los derechos del consumidor, incorporados en la Constitución del 94 y de las atribuciones de los vecinos".

Por su parte, Lopez señaló: "La propuesta apunta a garantizar los derechos de los consumidores, teniendo en cuenta que los municipios cuentan con capacidad para desplegar políticas territorialmente más efectivas". Y concluyó: "Es fundamental que los ciudadanos de as localidades de la provincia sientan cercanía a la hora de ver sostenidos sus derechos. Los ejecutivos locales son los poderes que con mayor rapidez pueden cumplir ese requisito".