Desde Santa Fe

La jueza de Instrucción N 4, Susana Luna, volvió a inhibirse ayer para investigar las amenazas al gobernador Antonio Bonfatti en la que está imputado el líder de Apropol, Alberto Martínez, por supuestas "coacciones agravadas", por lo que el conflicto de competencia con su colega, el juez federal Reinaldo Rodríguez -que también se declaró incompetente﷓ deberá resolverlo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "El caso es de competencia federal", sostuvo Luna en el decreto con el que remitió el expediente a la Corte, al que tuvo acceso Rosario/12. Y ratificó los fundamentos de la resolución que había firmado el 7 de febrero, cuando se apartó del proceso al coincidir con el dictamen del fiscal federal Walter Rodriguez, que propuso acumular las presuntas coacciones a Bonfatti con la causa que investiga el alzamiento policial de diciembre bajo la figura de una "sedición", en la que también imputó y pidió la indagatoria de Martínez y de otros cinco policía en actividad.

Sin embargo, veinte días después, el 27 de febrero, el juez Rodriguez declinó su competencia al considerar que las supuestas amenazas al gobernador "tienen estricta motivación particular" y le devolvió el expediente a Luna, quien ayer se lo despachó a la Corte para que resuelva el incidente.

La investigación se inició el 5 de diciembre por una denuncia del fiscal de Estado, Pablo Saccone, contra Apropol por supuesta "instigación a la violencia", que quedó radicada en el Juzgado de Luna. Y a la que se sumó después otra denuncia del propio Bonfatti ante el fiscal de turno de Rosario por tres mensajes de textos que recibió en su teléfono celular. Todos, desde el mismo remitente. El gobernador recibió el primer SMS el 4 de diciembre, a las 0.34: "Seguís pensando en pagarles 5 mil pesos a los policías, explotador?". El 6 de diciembre le escribieron: "Explotador y negrero de los policías, te hago responsable de todo lo que suceda. No puedes decir que no te lo adelanté, facineroso". Y el 7 de diciembre, le advirtieron: "En vez de mandarme la cana a mi casa porque no buscas a los narcos y le pagas sueldos dignos a la cana, payaso, explotador y negrero. El 12, voy para Rosario y vamos a hablar".

La jueza Luna acumuló las denuncias de Saccone y de Bonfatti y el fiscal N 4 Juan Pablo López Rosas imputó a Martínez y pidió su indagatoria por supuestas "coacciones agravadas". El secretario general de Apropol fue citado dos veces: el 26 de diciembre, no se presentó a declarar por un problema de salud que sus abogados justificaron con un certificado médico, y el 7 de febrero, la jueza Luna suspendió la audiencia y se inhibió para entender en la causa ante un pedido de declinatoria del fiscal López Rosas.

López Rosas coincidió con su colega, el fiscal federal Rodríguez, que pidió acumular las amenazas a Bonfatti a la causa por "sedición" que se tramita en el fuero federal, en la están imputados Martínez y otros cinco policías santafesinos. "El delito de sedición es de indiscutida competencia federal", planteó López Rosas. Por lo tanto, "los hechos investigados" en la causa por las amenazas a Bonfatti "quedan atrapados" por conexidad con la figura penal más grave.

El 7 de febrero, la jueza Luna compartió el criterio de los dos fiscales. "Entiendo que los mensajes que recibiera el gobernador en su teléfono celular no resulta una cuestión que deba ser investigada de manera aislada. Todo lo contrario, tal amenaza resulta parte integrante del contexto en el cual se desarrollaron los hechos de diciembre de 2013". "Los mensajes recibidos por Bonfatti se dieron en el marco de un movimiento sedicioso, tendiente a presionar" al gobierno para mejorar las "condiciones laborales" de los policías" y "valiéndose para ello del abandono acentuado de las actividades propias de la seguridad que perturbaron la tranquilidad" pública, agregó la magistrada.