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Luego de un reclamo que comenzó hace dos años atrás, la Asociación de Deportistas Trasplantados de Santa Fe (Detsa) fue a la Justicia por la "falta de control" en los centros de diálisis santafesinos. La ONG que preside Martín Palamedi en representación de pacientes trasplantados y en lista de espera para trasplantes, denunció penalmente a funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia y del Colegio de Médicos. "Se presentó la denuncia penal por delito de acción pública, ante la presunta y aparente comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de abandono de persona, por parte del director de Auditorías Médicas, Jorge Prieto; el ministro de Salud, Mario Drisun; y el presidente del Colegio de Médicos de Primera Circunscripción, José María Albrecht", dice el comunicado que llegó a Rosario/12, sobre la presentación que se realizó el 23 de abril pasado, en la fiscalía de Gustavo Urcdiales, de la ciudad Capital.

En diciembre de 2013, Detsa intimó a los responsables para que sea oído el reclamo de "falta de cumplimiento del protocolo prestacional a los pacientes por parte de los centros de diálisis". Palamedi, se quejó: "Están jugando y negociando con la vida de los pacientes". Entre los puntos que se incumplen recordaron que debe haber "seis metros cuadrados para cada paciente, durante el procedimiento de diálisis". El año pasado, Palamedi planteó que para habilitar los centros, ese espacio se cumple, pero acusó que "después de la habilitación, comienzan a agregar máquinas y se disminuye el espacio, pero aumentan los pacientes por sesión, por ende aumentan los ingresos". Entre otras irregularidades, el comunicado habla de "malas condiciones de traslado de los pacientes desde sus domicilios a los centros; la falta de control en la seguridad edilicia y en la cantidad de personal por paciente".

En el texto difundido, reclamaron que las violaciones a la normativa "son infundadas, porque los centros médicos perciben los emolumentos (remuneración adicional) mensuales y consecutivos para la satisfacción de las prestaciones médicas, y las deficiencias suceden por una suerte de recorte presupuestario de los insumos y estructuras básicas". Y lo consideraron "el encubrimiento de un gran negocio".

Por ello, desde Detsa exigen que se investiguen los hechos denunciados y "a los sujetos comprometidos con los pacientes en diálisis: obras sociales, clínicas, profesionales, empresas que trasladan a los pacientes y las autoridades responsables de habilitar a los prestadores". Y recordaron que que se hicieron "presentaciones ante las jurisdicciones administrativas de los reclamos pertinentes que se realizaron en las tres reparticiones públicas mencionadas, en diciembre pasado".