Desde Santa Fe

El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, se amparó en el derecho de declarar por escrito ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que lo investiga por un supuesto "mal desempeño de sus funciones" al ordenar el pago de bonos de la deuda pública en default que -según la denuncia del Ministerio de Economía de la Nación- habrían sido adquiridos después del desplome económico de diciembre de 2001 y a un valor muy por debajo del nominal. Ayer, Rodríguez tenía dos alternativas: asumir su defensa personal ante las imputaciones que pesan en su contra o hacer su descargo por escrito y eligió esta última opción. Ahora, el Consejo deberá resolver si desestima la denuncia o suspende al magistrado y lo acusa ante el Jury de Enjuiciamiento para destituirlo del cargo. "Si hay motivos para suspender al doctor Rodríguez, no vamos a dejar de hacerlo", dijo el abogado Beinusz Smuckler, uno de los consejeros que investiga al juez de Santa Fe.

Smuckler confirmó que el doctor Rodríguez "utilizó el derecho de hacer el descargo por escrito. Lo recibimos y ahora tendremos que analizarlo", explicó ante una consulta de la emisora LT10.

El juez de Santa Fe quedó bajo la lupa del Consejo de la Magistratura por una denuncia del Ministerio de Economía de la Nación, cuando estaba a cargo del ex ministro Roberto Lavagna. Smuckler explicó que la investigación apunta a fallos judiciales que ordenaron la devolución de títulos de la deuda en default que fueron adquiridos después de la crisis económica y a valores muy inferiores al nominal.

"Todos recordamos el corralito. Entonces, con motivo del legítimo reclamo de los depositantes que pedían la devolución de su dinero, no faltaron los pícaros que hicieron presentaciones en Juzgados en que les eran favorables. ¿Por qué razón? Bueno, eso es otra historia", dijo Smuckler. Y mencionó los casos de depositantes en Capital Federal que se presentaban en el Chaco para que un juez chaqueño ordenara la devolución del dinero en un banco de esa provincia. Eso sucedió en el 2002 y 2003 en muchos lugares".

"Pero en el caso del doctor Rodríguez no se traba de depósitos del corralito sino de bonos en default, que no se estaban pagando y se habían devaluado en forma increíble en el mercado. Por ejemplo, un bono de 100 pesos podía costar 20. Entonces, en el año 2005, se presentó gente en el Juzgado de Rodríguez que no tenía domicilio en Santa Fe, aducía enfermedades gravísimas y pedía la devolución. La maniobra se repitió en Tucumán y en La Plata", explicó Smuckler.

"En el caso de Rodríguez, no hubo una verificación de cuándo habían sido comprado esos bonos y es bastante llamativo que un juez no controle eso en el año 2005 cuando alguien se presenta en su juzgado con bonos en default. No estábamos en el 2002 o en el 2003, sino en el 2005. No conozco los argumentos del doctor Rodríguez, después tendré una opinión sobre el asunto, pero en principio, es muy sospechoso que esto se haya producido el año pasado", insistió el consejero.

-¿No cabe la posibilidad de que el Estado argentino haya violado las leyes? ﷓le preguntó un colega de LT10.

-Sí, eso es lo que sostiene el juez. Pero no están en la misma situación los que compraron bonos en su momento, se le licuó el capital y tenían todo el derecho del mundo a que se le pague, que aquellos que los compraron después del default (y a precios irrisorios). Yo comparto la opinión de que los que compraron bonos (antes del desplome económico) fueron sorprendidos por una medida del gobierno, pero también hubo gente que los compró después de que habían bajado su valor. Y acá podría haber una complicidad implícita del juez al no haber verificado cuándo se compraron los bonos, porque si no estaría facilitando una maniobra en perjuicio del Estado argentino. Ya no es la víctima la actúa sino un grupo de vivillos. Pero hasta ahora, no sabemos cuál es el situación del doctor Rodríguez -contestó Smuckler.

Ante otra pregunta, Smuckler descartó también cualquier vínculo entre el proceso abierto a Rodríguez en el Consejo de la Magistratura con las investigaciones del juez sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. "No tiene nada que ver, hay que descartarlo absolutamente. Esta es una investigación que hizo el Ministerio de Economía de la Nación porque llegaban órdenes de pago (de bonos en default) y denunció a los magistrados por (un supuesto) mal desempeño. Hay que descartar que una cosa tenga algo que ver con la otra. Da la casualidad que suceden al mismo tiempo, pero de ninguna manera tienen relación entre sí. Además, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -que ya se presentó como querellante en la causa del terrorismo de estado en Santa Fe- va a estar muy atenta, cualquiera sea el juez que actúe", aclaró.

"Si hay motivos para suspender al doctor Rodríguez, no vamos a dejarlo de hacerlo. Esperemos que no haya motivos, pero no puedo adelantar una opinión", concluyó Smuckler.