La defensa de Javier Echaniz y Martín Degrati, los funcionarios del gobierno sospechados de manipular la computadora del asesinado Luis Medina durante una pericia judicial, pidió la nulidad de la audiencia en la que diputados del Movimiento Evita fueron aceptados como querellantes. Días después de que los denunciantes Eduardo Toniolli, Mariana Robustelli y Gerardo Rico fueran admitidos por el juez Juan Carlos Curto, el abogado Daniel Terani presentó un escrito en el que pidió la nulidad absoluta por "violación del derecho a la defensa". Antes de la audiencia del 2 de junio pasado, los funcionarios habían pedido la suspensión de la misma, pero el juez no hizo lugar al planteo y --se quejaron-- "realizó la audiencia sin la presencia de los querellados". Rubén Chiavazza, abogado de los legisladores, adelantó que no comparte el planteo. El cuestionamiento aún no fue resuelto por la Justicia.

Para el abogado que representa a los acusados --quien niega que haya existido una intromisión de sus defendidos en la pericia de la Mac--, el hecho "ocasiona un verdadero escándalo jurídico". Según el escrito presentado el pasado 10 de junio, Terani considera que "se impide el accionar defensivo".

Ese reclamo fue rechazado por Chiavazza, quien consideró que se trata de cuestionamientos por situaciones formales. Además, planteó que hasta tanto no estén formalmente imputados, "no son parte".

En diálogo con Rosario/12, Terani apuntó a que la audiencia "estuvo mal notificada, ya que la cédula estaba con el número y nombre de una querella por otra causa". A su vez, se quejó de que "no se acompañaron las copias para que la contraparte pueda saber de qué se trata y presentarse el día de la querella". Frente a esas dos cuestiones, Degrati y Echaniz pidieron la suspensión de la audiencia "para tener posibilidad de defenderse", pero el juez no hizo lugar. "Decidió seguir adelante; no los tuvo (a los denunciados) como parte, y resolvió admitir la querella contra el dictamen del fiscal" Adrián Mc Cormack. Además, protestó que el mismo juez "se contradice con la resolución de la causa del parque Independencia (donde murieron dos nenas al caer una taza de la Vuelta al Mundo), en la que no admitió como querellantes a los funcionarios municipales", recordó.

Ahora, la Justicia corrió vista del cuestionamiento a los abogados de los diputados, para que respondan el planteo, y luego el juez deberá decidir. "Lo correcto sería que se cite a una nueva audiencia, que se notifique bien y se entreguen copias de la presentación de querellantes", reclamó Terani.

Tras el crimen de Medina y su pareja, Justina Pérez Castelli, el 29 de diciembre de 2013, personal policial secuestró de la habitación del hotel del casino de Rosario --donde se hospedaban las víctimas--, una Mac Ultrabook. Aquél domingo, la ex jueza María Luisa Pérez Vara estaba de turno, y nunca contestó su teléfono. Frente a ello, la causa pasó por varios jueces en pocas horas, y la computadora fue llevada a Pericia Informática de la Unidad Regional II. Según las actas, hasta allí llegaron los funcionarios, que dijeron ser enviados para "colaborar" con el desbloqueo de la computadora. La denuncia quedó en manos del fiscal Mc Cormack, quien planteó que sólo puede ser querellante un "ofendido penalmente".