Familiares de víctimas de la trágica explosión de Salta 2141 volvieron anoche desde Buenos Aires con el compromiso del titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, de revisar el desempeño del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) -al que en la previa ya consideró como "débil"- y de informar sus conclusiones al Ejecutivo Nacional, atento al planteo que le hicieron sobre la pertinencia de rescindir el contrato de concesión de la empresa Litoral Gas. Los deudos pidieron que la AGN promueva la revisión del contrato y la intervención de la empresa. Además, intentan que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner los reciba este viernes, cuando venga a Rosario por el acto del 20 de junio.

"Es la primera vez que tenemos una señal desde el gobierno nacional, y por eso lo consideramos un avance. Volvemos con algún tipo de esperanza, Despouy tomó compromiso público de auditar el Enargás y de informar al gobierno para que actúe en consecuencia", señaló Eleonora López, hermana de Carlos, una de las 22 personas que perecieron el 6 de agosto pasado en la catástrofe desatada a partir de una fuga de gas durante un intento de reparación de la instalación en la torre deflagrada.

Además de López, viajaron familiares de Hugo Montefusco, Federico Balseiro y Débora Gianángelo, acompañados por los concejales María Eugenia Schmuck y Carlos Cardozo, además de asesores de Daniela León y Manuel Sciutto. El objetivo es avanzar sobre la concesión y que las autoridades competentes determinen si corresponde que la prestación siga en manos de Litoral Gas o no, "habida cuenta de las responsabilidades sobre lo ocurrido, y sobre las irregularidades que persisten aún en el servicio en Rosario, donde hay un centenar de edificios sin gas", precisó López.

Schmuck indicó que los visitantes plantearon "que se investigue si hay causales para llevar adelante el reclamo de los familiares sobre la concesión, puesto que está dentro de las competencias de la AGN hacer alguna referencia o recomendar sobre la caducidad de la concesión".

Por cierto, el Enargás multó recién en abril a la concesionaria con 6,5 millones de pesos por trece faltas graves en la órbita de sus responsabilidades.

Antes de la reunión, Despouy reconoció ante la prensa que auditorías anteriores sobre el Enargás reflejaron "gran debilidad" en su función de contralor. Y sopesó que no le resultará sorpresa hallar falencias en el desempeño de Litoral Gas, debido a la calidad de supervisión que ejerce el ente regulador.

Despouy les anunció que vendrá a la ciudad el 6 de agosto, cuando se cumpla el primer aniversario de la tragedia, como señal de acompañamiento al reclamo de justicia de los familiares de las víctimas. Según Eleonora López, el funcionario se vio sorprendido ante la persistencia de irregularidades pos catástrofe, y prometió iniciar una auditoría sobre el ente encargado de controlar la concesión del servicio.

Luego llegaron hasta la sede del Enargás, donde los recibió un funcionario que les prometió fijarles la semana próxima una audiencia formal con las autoridades del organismo para que puedan expresar sus inquietudes.

La jueza Irma Bilotta procesó por estrago culposo agravado a los once imputados inicialmente: los gasistas Carlos García y José Allala, el ayudante Pablo Miño, la gerente técnica de Litoral Gas, Viviana Leegstra, el jefe de inspectores Claudio Tonucci, los inspectores Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba, y los administradores del consorcio, Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli.