La justicia definirá la semana próxima una base de actuación que deberá poner en marcha el servicio penitenciario provincial en las cárceles de la Regional Rosario, para garantizar los derechos de los presos alojados en celdas de aislamiento. Luego de que el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, presentara un hábeas corpus correctivo y colectivo frente a las "pésimas condiciones de detención" de una veintena de internos que están en buzones de castigo, el juez penal José Luis Suárez corroboró la situación y ordenó que se realice un protocolo de actuación conjunto para garantizar recreación, alimentación, salud, educación y tareas laborales de los detenidos en esas condiciones. Pese a que se armó una mesa de diálogo con ese fin, la provincia decidió presentar un proyecto propio. "Fue un acto desleal y de mala fe. Además, llevaron un protocolo que recorta derechos", lanzó Ganón. Por su parte, el titular de Asuntos Penitenciarios, Pablo Coccocioni, justificó que en las reuniones "hubo un trato ofensivo. Así no se puede dialogar".

En la audiencia realizada el viernes previo a la feria judicial, el juez indicó que en los primeros días tras el receso de invierno se realizará una nueva audiencia para definir qué base de actuación se pondrá en marcha. La Defensoría busca reproducirlo en las demás jurisdicciones de la provincia.

"Consideramos que la provincia no puede estar por debajo de un estándar aprobado para cárceles federales", dijo Ganón; quien agregó que después de la primera reunión, "apareció (el titular de Asuntos Penitenciarios, Pablo) Cococcioni presentando un protocolo que es una mala copia porque recorta derechos. Es un comportamiento irregular, de actuar de espalda a los demás, cuando se está abriendo una instancia de diálogo. Fue una situación tramposa", planteó Ganón.

En tanto, Cococcioni aseguró: "A la reunión fue un representante, porque la misma cuestión fue presentada en la ciudad de Santa Fe, y encontramos una posición dura. El doctor Ganón llegó a realizar afirmaciones ofensivas; dijo, por ejemplo, que en Coronda rige un sistema como el de la dictadura. Creemos que no se puede dialogar en estos términos, por lo tanto, el mandato judicial no resulta posible, no obstante nuestra buena intención inicial. Pero, la idea de Ganón era aplicar casi sin modificaciones un protocolo aprobado a nivel nacional, y eso es discutible porque hay realidades carcelarias diferentes. Nos pareció inadecuado y nos retiramos de esa autollamada mesa de diálogo. Luego estudiamos un proyecto alternativo que lo pusimos en consideración del juez. Estaríamos en condiciones de aplicarlo de inmediato".

Desde la Defensoría enumeraron que en las reuniones participaron la Defensoría y la Procuración General de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, el equipo del diputado Eduardo Toniolli, gente del Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público de la Acusación, el Colegio de Abogados, la Agrupación HIJOS Santa Fe, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Sindicato de Trabajadores Judiciales y la Defensoría Regional, entre otros actores. Tras el debate, "se acordó armar el protocolo en base a los estamentos del que funciona en Lomas de Zamora, aprobado por el Servicio Penitenciario Federal", dice un comunicado.

El 2 de julio, la mesa terminó por conformar el protocolo que fue presentado hace diez días. En su hábeas corpus, Ganón planteó que existen "deplorables condiciones en que se alojan los internos dentro de las celdas de aislamiento, con una situación especial de vulnerabilidad". La idea es que "gocen de los mismos beneficios" que el resto de la población carcelaria. "Se están violando todos sus derechos, y tras la recorrida en los penales de la segunda circunscripción, se corroboró todo lo que nosotros dijimos", dijo el funcionario.

A las celdas de castigo o buzones, muchos detenidos llegan por su voluntad, al no querer juntarse con el resto de la población carcelaria por cuestiones de seguridad personal; y otros, por cuestiones disciplinarias. Sin embargo, a lo que apuntó la Defensoría cuando presentó el hábeas corpus era a que estos detenidos no se los prive de "necesidades básicas" como son los horarios de visitas, salidas al patio por el mismo tiempo que el resto de los detenidos, alimentación saludable, revisaciones médicas, acceder a la educación y a las tareas laborales. "De lo único que se los puede privar es de la libertad", recordó Ganón.