El Taller Ecologista y la Asociación Civil La Comuna, denunciaron ayer la "incoherencia" de la Secretaría de Medio Ambiente por "aprobar la viabilidad inicial y provisoria del nuevo puerto cerealero que la empresa Cargill está instalando en Villa Gobernador Gálvez, tras la aprobación de la construcción de la obra civil y no su funcionamiento". "Es decir que la provincia permite el avance de la obra civil y después verá si su funcionamiento perjudica al ambiente", según argumentaron las abogadas Mariana Sánchez Herrero y Corina Elisio. La denuncia fue acompañada por Brewster Kneen, autor del libro El gigante invisible: Cargill y sus estrategias transnacionales.

El 28 de junio de 2004, el Taller Ecologista interpuso un recurso contenciosos administrativo sumario contra la Resolución Nº 34 del 27 de mayo de 2004 de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia por la cual se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Cargill para construir un complejo industrial en Villa Gobernador Gálvez. De igual modo se interpuso una medida cautelar por la que se peticiona el cese inmediato de los efectos de esta resolución de acuerdo a la ley 10.000.

En la presentación se remarca que "Medio Ambiente no realizó una verdadera evaluación sino una transcripción y ratificación de lo expuesto por la empresa". En el mismo sentido las letradas sostuvieron que "la Secretaría aprobó el estudio de impacto ambiental sin haberse pronunciado sobre la rezonificación de tierras que hiciera la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, sin haberse evaluado si Cargill podía radicarse en esos terrenos de acuerdo al Código Urbano de esa localidad, sin haberse

pronunciado siendo competente por las leyes provinciales sobre el puerto de embarque, limitándose a darlo por aprobado basándose en la Declaratoria de Vías Navegables de la Nación que se pronunció unicamente respecto a la navegación comercio y régimen hidráulico".

"No existe un análisis serio del impacto ambiental respecto de los accesos viales que la Secretaría entiende de 'impacto ambiental positivo' sin dar los argumentos técnico-ambientales sobre cómo se va controlar el ruido y las vibraciones de la circulación de los 2.500 camiones diarios en períodos pico más el tránsito permanente propio y las operaciones de la actividad normal de la planta. Tampoco hace referencia a cómo se va evitar que no se deteriore la calidad del aire y en particular de las viviendas que rodean el emprendimiento, ni sobre el tratamiento de sustancias de alta toxicidad dejando para un paso posterior el detalle del mismo. No hay mención sobre las negativas a la audiencia pública solicitada en varias oportunidades", reseña la presentación.

La demanda también sostiene que "la inversión responde y encaja en el actual modelo agropecuario argentino basado en la exportación de commodities y en el monocultivo de la soja, que está provocando enormes impactos ambientales y sociales".

Justamente esta posición fue refrendada ayer por Brewster Kneen: "Cargill es ciertamente una de las corporaciones más poderosas y eficaces del mundo, y merece ser conocida y entendida. Cargill ha delineado la política agrícola de cuanto país y región pudo, y lo seguirá haciendo mientras que el papel del público en dicha política quede confinado al de consumidor pasivo. No obstante, la política pública debería ser diseñada por la comunidad; deben tomarse decisiones fundamentales acerca del modo en que nosotros y las generaciones futuras viviremos y la manera en que nos alimentaremos. Estas decisiones no deben ser entregadas a Cargill o a cualquier otra corporación transnacional, más allá de las características de sus empleados. Simplemente no es una buena idea poner el control sobre nuestro alimento en manos de un número muy pequeño de hombres cuyo trabajo es estar al servicio de lo corporativo en oposición a los intereses públicos".

Kneen presentó anoche su libro en el Anfiteatro Central de la Facultad de Ciencias Médicas en el marco del seminario de Soberanía Alimentaria correspondiente a la Materia Salud Socioambiental.