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Desde Santa Fe

La comisión bicameral de Acuerdos desestimó ayer una denuncia contra la jueza Viviana Cingolani, propuesta para integrar el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 2 de Rosario, y comenzó a analizar un descargo de 282 fojas de la fiscal subrogante de Tostado, Paula Yasín, a quien el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe impugnó por "criminalizar la protesta de los campesinos que resisten el despojo de sus tierras", en el norte de la provincia. Hasta ahora, el senador del PJ, Joaquín Gramajo y la diputada del Frente Progresista, Susana García, dejaron trascender que no votarían el ascenso de Yasín.

La Asamblea Legislativa está convocada para hoy para considerar trece pliegos de magistrados, si es que reúne quórum, porque de lo contrario todos -incluso Yasín﷓ tendrán designación tácita. Otro de los propuestos es el abogado santafesino Aidilio Gustavo Faviano, ex fiscal municipal de Santa Fe durante la gestión del jefe de la UCR, Mario Barletta, que va como vocal de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe (Sala I).

La semana pasada, la comisión de Acuerdos había resuelto desdoblar las audiencias con los postulantes. Entrevistó primero a los que no tenían objeciones y ayer escuchó a Cingolani y Yasín.

Un abogado de Rosario, Marcelo Folch, había pedido a la comisión que investigara el examen de Cingolani en el Consejo de la Magistratura y propuso como testigos a cinco participantes en el concurso: Paula Sansó, Susana Igarzábal, Horacio López Miró, Julieta Gentile y Mariana Alvarado, quienes aventaron las sospechas. Sansó e Igarzábal fueron propuestas por el Poder Ejecutivo para integrar otras salas del Tribunal Colegiado Extracontractual de Rosario.

El presidente de la comisión, Avelino Lago, dijo que la denuncia de Folch había sido desestimada porque "los testigos propuestos por el impugnante no observaron ninguna irregularidad en el examen". Más tarde, en la entrevista con Cingolani, la comisión ni siquiera le preguntó por el asunto. "Si los testigos propuestos por el impugnante dijeron que no habían visto nada, entendíamos que era sobreabundante preguntar a la persona impugnada sobre una cuestión que justamente, quienes habían sido propuestos como testigos, la desestimaron totalmente", explicó Lago.

Cingolani dijo que no le pidieron ningún descargo porque la denuncia era "falaz, anónima, insidiosa, calumniante" sin "prueba alguna".

La última entrevista fue con la fiscal Yasín, quien ayer presentó un descargo por las impugnaciones del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos y un productor agropecuario del norte, Ricardo Lazarus, a quien patrocina el abogado Juan Manuel Martín. La acusan por haber "criminalizado la protesta de los campesinos que resisten el despojo de sus tierras", el mismo cargo que pesaba sobre el juez penal subrogante de Tostado, José Luis García Troiano, a quien la Asamblea Legislativa le rechazó su ascenso al cargo titular hace tres meses, por 49 a 1 y siete abstenciones.

Yasin negó todo. "Nunca violé los derechos humanos. Nunca solicité ningún tipo de desalojo, ni dictaminé en contra de ninguna protesta social", se defendió ante una consulta de Rosario/12. En la explanada de la Legislatura, ya se escuchaban los tambores de una protesta de los campesinos del norte que reclamaron el rechazo de su pliego. "Yasín dictaminó las resoluciones del juez García Troiano, que criminalizó toda la lucha campesina en el norte", dijo uno de los manifestantes.

Lago lamentó que la fiscal presentara su descargo por escrito recién ayer a la mañana, pero dijo que la comisión analizará el dossier de 282 páginas antes de dictaminar.