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La jueza Alejandra Rodenas denegó los pedidos de libertad de cuatro de los siete imputados en la causa por promoción y facilitamiento de la prostitución a partir del portal web Supergatitas. La considerada "madama", el "cobrador" y dos de los tres custodios detenidos en la madrugada del viernes 12 de septiembre continuarán en prisión al considerar que existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. En tanto, uno de custodios --que no portaba armas al momento de la detención-- recuperó su libertad. La jueza tiene todavía que resolver los pedidos de prisión domiciliaria de Luis Mantovani y David Trigueros, también procesados por infracción al artículo 125 bis y 127 del Código Penal, que por su situación más comprometida pidieron prisión domiciliaria, en lugar de la excarcelación lisa y llana.

La resolución de Rodenas toma en cuenta los dictámenes de la fiscal de la causa, Cristina Herrera, que se opuso a la puesta en libertad de los acusados "dada la gravedad y complejidad del hecho investigado" que coloca a los imputados frente a "una pena en expectativa de efectivo cumplimiento". La representante del Ministerio Público considera además que, al estar pendientes "importantes medidas procesales" en la investigación, los principales acusados podrían interferir en la recolección de pruebas. Así, Sandra Edit Guzmán, acusada de regentear los privados de San Juan 1450 y Presidente Roca 1289, seguirá detenida, como así también David Centeno, a quien se considera el encargado de recaudar el dinero obtenido de la explotación sexual de las mujeres que se publicitaban en la web, y para las que se concertaban citas a través de teléfonos fijos, cuyas líneas estaban todas a nombre de Guzmán.

En tanto, ayer se conoció que la firma R.O.S.O. creada en enero de 2008, y domiciliada en Mitre al 1356 piso 5 departamento C de Rosario, tiene como titulares a Mantovani y Guzmán, mientras la apoderada es Silvana Trigueros, hermana de David e hija del ex coordinador del gabinete municipal, Néstor Trigueros. Fuentes de la investigación señalaron que Silvana todavía no está incorporada en el expediente en instrucción.

El delito de proxenetismo está penado en la Argentina desde 1937, cuando se sancionó la ley 12.331 que castiga el regenteo y administración de prostíbulos. En 1949, el país adhirió al Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Lo que se sanciona no es el ejercicio de la prostitución, sino el proxenetismo. A partir de la reforma de la ley de trata, en diciembre de 2012, el artículo 125 bis del Código Penal dice: "El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de cuatro a seis años, aunque mediare el consentimiento de la víctima".