Desde Santa Fe

Por primera vez en el país, el Ministerio Público Fiscal acusó y pidió la indagatoria por "lavado de activos de origen delictivo" a tres entidades financieras involucradas en las maniobras: el Banco de Galicia y las sociedades de bolsa Galicia Valores SA y Valfinsa Bursátil SA, lo que significa que si el reproche prospera deberán responder los responsables legales. El requerimiento fue presentado ayer por el fiscal federal Walter Rodríguez y el fiscal Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en la causa que investiga una mega estafa del operador bursátil Mario Rossini (dueño de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos), en perjuicio de más de 400 ahorristas por un monto aún impreciso, pero que Gonella estimó superior a los 80 millones de pesos. En realidad, los pedidos de indagatorias son trece: diez a personas físicas: Rossini (para ampliarle los cargos), a nueve funcionarios y empleados de Banco de Galicia en Santa Fe (entre ellos dos ex gerentes) y de Valfinsa y a las tres personas jurídicas, por las que deberán comparecer sus directores, "como está previsto en el Código Penal, de acuerdo a las últimas modificaciones de lavado de activos", explicó Gonella.

Rossini está detenido desde diciembre de 2012. En octubre, el juez federal Francisco Miño lo procesó por supuesta "defraudación por administración fraudulenta" y "captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores", ordenó su prisión preventiva y le trabó un embargo por 20 millones de pesos. En la causa están imputados otros nueve operadores, entre ellos tres vicepresidentes de Bolsafe, Omar Rossini, Flavia Sánchez y Mercedes Leiva como presuntos "coautores".

En mayo del año pasado, los fiscales ya habían solicitado la indagatoria de funcionarios del Banco de Galicia y del Mercado de Valores del Litoral, pero el juez Miño desestimó el pedido por falta de pruebas. Ayer las presentaron, junto con un informe del fiscal Néstor García Paradiso, a cargo del Area de Fraude Económico y Bancario de la Procelac, quien también firmó los pedidos de indagatorias con Gonella y Rodríguez.

Gonella explicó que el requerimiento apunta al "último eslabón de las maniobras": el Banco de Galicia y las sociedades Galicia Valores y Valfinsa porque los títulos que los ahorristas dejaban en poder de Rossini "desaparecieron por ese conducto, donde se ve perfeccionada la maniobra de lavado a través del sistema financiero", dijo.

"Los fundamentos de la acusación contra este tramo (el Banco y las dos operadoras de bolsa) tienen que ver con la infracción a normas de prevención de antilavado que obedecen a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se ve con absoluta claridad que las personas que tenían la obligación de reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) incumplieron esos deberes", señaló Gonella.

"Un principio básico del GAFI al sector financiero es que el banco debe conocer al cliente. ¿Qué significa esto?", se preguntó Gonella. "El Banco debe saber quien es la persona que hace una inversión y cuál es el origen de los fondos".

La estafa de Bolsafe Valores comenzó con "un negocio financiero que estaba prohibido que es el alquiler de títulos. Y luego siguió con el traspaso de los bonos a una firma que no estaba autorizada para intermediar en el mercado bursátil (BV Emprendimientos) porque su objeto social estaba relacionado a los suministros informáticos. Y es esta firma, con este objeto social, la que introduce los títulos al Banco de Galicia", relató Gonella. "El Banco tenía la obligación y todos los elementos para conocer que esta firma no era una sociedad de bolsa y por lo tanto no estaba autorizada para operar con títulos. Por el flujo de dinero y los valores que estaban comprometidos el origen de esos fondos eran absolutamente sospechoso para el banco. Pero no se informaron como operaciones sospechosas", apuntó el fiscal.

En las indagatorias, los empleados de Rossini, dijeron que éste tenía "un trato preferencial en el Banco de Galicia. Era calificado como 'prefer' "Esto acredita que el Banco conocía la materialidad de los hechos. Y estaba obligado a reportar como sospechosas las operaciones que se hacían, debía hacerlo ante la UIF, que es la encargada de informar a la PROCELAC para que esto se judicialice. Este cúmulo de incumplimiento de deberes fundamenta la acusación contra las personas físicas y las personas jurídicas porque también estamos pidiendo la indagatoria del Banco Galicia, Galicia Valores y de Valfinsa", dijo Gonella. Por las empresas deberán responder sus directivos.

Además de Rossini, los fiscales imputaron y pidieron las indagatorias de dos ex gerentes del Banco de Galicia en Santa Fe: Silvio Ariel Gómez y Esteban Marin; dos encargados de cuentas de la entidad: Diego Van de Velde y Fernando Yah Yah; dos oficiales de cuentas de Valfinsa: Antonio Iturrioz y Favio Meijome. Más, Guillermo Juan Pando, Leonardo Perrotta y Enrique M. Garda Olaciregui, que cumplieron otros roles.

El informe de Procelac que se incorporó a la causa dice que "la cuenta comitente 472207 de BV Emprendimientos en el Banco Galicia registró solo durante el año 2012 un total de 1.720 operaciones, de las cuales más de la mitad fueron transferencias receptoras de 893 clientes (comitentes) distintos de Bolsafe Valores. Es decir, la cuenta de una empresa de informática recibió durante un año transferencias de títulos de 893 clientes de una sociedad de bolsa. Solo esto ameritaba ya la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa".

"Resulta claro que la maniobra fue realizada 'con la intervención" del Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa. Las personas físicas cuya indagatoria se solicita no actuaron en el ámbito de su vida persona, sino como funcionarios de las instituciones en las que prestaban servicios. Sin la intervención de las entidades financieras, los imputados nunca hubieran podido llevar adelante las acciones que entendemos constitutivas del delito de lavado de activos", señala el documento.