El gobernador Antonio Bonfatti entregará a las víctimas del terrorismo de estado los legajos que fueron recopilados por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en distintos organismos estatales, para presentarlos como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad. El acto será mañana, a las 11, en el salón blanco de Gobernación. Son 361 carpetas, que contienen toda la información encontrada sobre cada desaparecido y ex detenido. La expectativa que despierta ese acto de reparación, plasmado en el decreto 717, excede la formalidad. Tanto que María Rosa White, la hermana de Guillermo, desaparecido, llegará desde Mendoza. Dalia Canteloro vendrá desde Corrientes a buscar el legajo de quien era su pareja, Eduardo Alberto Britos, asesinado en 1976. Hasta Mariana Arcuri, hija de la desaparecida Susana Becker quería viajar desde Brasil. También los que viven acá nomás irán a recibir su carpeta en la que encontrarán aquellos documentos que los describía como "peligrosos subversivos" y que hoy constituyen pruebas judiciales. "Es material que la mayoría ni sabía que existía. Se van a reencontrar con fotos, algunos, o con prontuarios, o con otra información. Es muy variado, porque es lo que encontramos hasta ahora, sobre lo que la justicia federal nos requirió prueba. A partir de ese pedido, empezamos a ir a buscar a archivos muy distintos, porque la mayoría está en la órbita del ministerio de seguridad. Relevamos en distintas secciones, en la unidad regional 2, en libros de comisarías, en el archivo del servicio penitenciario. Por eso, es el reflejo de lo que se aportó a la justicia, que fue una prioridad, porque los juicios son ahora y la prueba que no se presenta queda afuera. Pero después de haber acumulado durante años y poder sistematizar con qué documental contábamos por cada víctima, nos pareció que es el momento de entregársela a sus acreedores potenciales", explicó la directora provincial de la Memoria, Nadia Schujman, sobre la génesis del acto que formará parte de las conmemoraciones del 24 de marzo.

"Hasta ahora, todos los que contactamos quieren venir a buscar las carpetas, para saber qué hay de ellos o de sus familiares, y guardarlo. Es también para sus hijos, va a quedar en un cajón familiar, en la historia de sus familias. Un día irá a parar a un museo, o pasará de generación", consideró Schujman, que también es abogada de la agrupación HIJOS, y participó en juicios por delitos de lesa humanidad. El decreto es, además, un instrumento de política pública, porque determina que es el estado mismo el que busca a las víctimas para entregarles lo que hay de ellos en los archivos. Schujman también subrayó que esta es una primera entrega, y que el criterio fue entregar todo aquello que se haya presentado en la Justicia, pero habrá nuevas entregas, y que de hecho, cualquier persona que haya sido víctimas de delitos de lesa humanidad puede requerir, por la ley de hábeas data, el acceso a esos documentos, concentrados en el Archivo Provincial de la Memoria.

"No conozco ningún otro lugar del país que se haya hecho algo de esta envergadura. Sí hubo en distintos lugares, la entrega de archivos puntuales, pero no sabemos de ninguna provincia que haya entregado tanta información buscada y sistematizada en copia certificada a cada una de las víctimas", agregó la funcionaria.

La actitud de Bonfatti es "una respuesta muy contundente para los que hablan de cerrar la historia o dejar atrás el pasado", consideró Schujman, y resaltó: "Es un acto simbólico de mucho peso, que trasciende una gestión. Es el estado, que en su momento fue terrorista, el mismo que está reivindicando a quienes persiguió en su momento, al conmemorar un 24 de marzo con la entrega de copia certificada de toda la documentación que se halló en el poder ejecutivo y se presentó en un juicio de lesa humanidad".

El decreto fue firmado también por el ministro de Justicia, Juan Lewis, que participará en el acto de mañana. En su texto puede leerse que "en la conceptualización de víctimas debe comprenderse a los familiares directos de éstas, tal como la establece la Declaración de Nacionales Unidas del 29 de noviembre de 1985". La fundamentación del decreto considera que las víctimas "son quienes desde un punto de vista ético y social deben recuperar esos documentos" y que "entregando esos documentos 'oficiales' a las víctimas estamos sacando de lo subterráneo esos relatos, estamos dando cohesión al discurso sojuzgado". El decreto también plantea que "no hay mejor política activa por parte de un Estado que pretende ser de derecho, que intenta consolidar su carácter democrático, que hacerse cargo activamente de entregar a quienes fueron seguidos y perseguidos por el estado terrorista los registros encontrados. Convirtiendo ese acto de entrega en un acto democrático y reivindicatorio para las víctimas".