Desde Santa Fe

El juicio por la megacausa del terrorismo de estado en Santa Fe arrancó ayer con otro desgranamiento en el banquillo. El Tribunal Oral apartó "provisoriamente" del proceso a un coronel acusado por 41 homicidios, Jorge Roberto Diab, por una supuesta chochera y autorizó al ex juez de la dictadura, Luis María Vera Candioti, a seguir las audiencias en una sala contigua por un cuadro de "hipertensión" que le provoca "stress". Otro coronel de Inteligencia, Domingo Morales, intentó aprovechar la situación y también pidió escuchar el debate en la oficina de al lado por un problema de "hipoacusia", pero - como ya era mucho- el presidente del Tribunal, Ricardo Vázquez, le recomendó a su defensor que le comprara "auriculares". Diab es el décimo acusado que zafa de la megacausa, el último había sido el jefe del golpe en la provincia, José María González, fallecido el 29 de octubre, que tenía que responder por 22 asesinatos. Así que ahora quedan el comisario Juan Calixto Perizotti - imputado por 16 homicidios- y Morales, por tres. Más, Vera Candioti y el coronel Carlos Enrique Pavón acusados por la "supresión de identidad" de la hija de desaparecidos, Carolina Guallane. La causa tiene 52 víctimas, por lo que la exclusión de Diab dejará muchos crímenes impunes.

La causa acumulada - como también se la llama- se inició a principios de 2009 con 14 imputados, pero al juicio sólo llegaron cinco y ahora quedan cuatro, así que habrá que ver qué pasa en los próximos resfríos.

El defensor oficial Martín Gesino pidió la separación de Diab porque éste - dijo- "no comprende el alcance y consecuencias de sus actos" y por lo tanto, tiene una "imposibilidad" de defensa en juicio. En febrero, un examen del Cuerpo Médico Forense y un dictamen de la médica del Tribunal, Mabel Padró, habían concluido que Diab no estaba "en condiciones de comparecer en la audiencia".

El fiscal Martín Suárez Faisal propuso entonces una nueva junta médica que dictamine sobre la "capacidad psiquiátrica" del imputado. El presidente del Tribunal le preguntó si estaba de acuerdo o no con el planteo de Gesino, pero el fiscal insistió en pedir la nueva prueba antes de opinar. Ese "ni" de Suárez Faisal inclinó la balanza porque después los jueces resolvieron separar "provisoriamente" a Diab del juicio y ordenar que en "tres días hábiles" se realice el examen médico que pidió el fiscal, al que podrán asistir peritos de partes.

Los querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné fueron los únicos que rechazaron la exclusión de Diab del proceso y sugirieron que podía seguir el debate desde una sala especial, con control médico, como ocurrió en el juicio al jefe de la patota de la III Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli. La abogada Zulema Rivera (que representa a Carolina) adoptó una posición intermedia: acompañó el pedido del fiscal de una nueva pericia a Diab y coincidió con Puyol y Munné que "los informes médicos no son concluyentes" para excluirlo del juicio.

El desgranamiento de represores es la consecuencia de la mora judicial. La causa comenzó con 14 imputados en febrero de 2009. Y ya entonces, había fallecido el segundo del Area 212 y responsable del Centro Operaciones Tácticas (COT) que comandaba los grupos de tareas, Adolfo Ernesto Alvarez. En noviembre, murió el jefe, Juan Orlando Rolón. Y en marzo de 2010, el jefe del Destacamento de Inteligencia Militar, Domingo Manuel Marcellini, que tenía como segundo a Diab. En abril de 2012, siguió Héctor Romeo Colombini ("Pollo"), un policía que integró la patota del Ejército, acusado por dos homicidios. Y en octubre de 2014, González, que tenía que responder por 22.

La Cámara Federal de Rosario también hizo lo suyo. En diciembre de 2010, un plenario desvinculó de la causa al coronel Roberto Pedro Arrieta y al suboficial Mario Carmelo Ferger - investigados por el homicidio del soldado Roberto Daniel Suárez- y al general Carlos Alberto Settel, involucrado en la desaparición de otro conscripto, Edgardo Luis Ferreyra y hasta anuló el procesamiento de Morales por que su defensa había dicho que operaba con el grado de "capitán" y por lo tanto no tenía "responsabilidad" en el terrorismo de estado. El único disidente fue el juez Fernando Barbará, quien votó por confirmar los cargos. Tenía razón. Después, una lectura atenta de la querella del propio legajo de Morales descubrió lo que no habían visto otros, que el "capitán" era el jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia, en 1977, que señalaba los "blancos", así que hoy tiene que afrontar el juicio por tres homicidios.