Según el Observatorio Político Electoral de la Asociación Civil de Estudios Populares (OPE de ACEP) el reciente proceso electoral santafesino pone en la agenda política el debate en torno a una modernización integral del régimen electoral, haciendo hincapié en la modificación del marco constitucional y legal, el afianzamiento de una autoridad electoral provincial con autonomía funcional e independencia financiera, y la innovación en el modo de emisión del sufragio a partir de la experiencia de la boleta única electrónica (BUE) salteña.

En relación a lo sucedido en la última elección en la Provincia de Santa Fe, los Directores Nacionales del OPE de ACEP, Jorge Abboud y Juan Manuel Busto señalaron que "más allá de que solo el escrutinio definitivo tiene efectos jurídicos, la transmisión de los resultados reviste una importancia capital, más aún cuando nos encontramos ante un resultado tan ajustado entre tres fuerzas políticas como ha ocurrido en la categoría a Gobernador y Vice". De hecho "el Sistema de Recuento Provisional de Resultados implementado en Santa Fe es permeable al error humano atento a que los telegramas y datos se cargan en forma manual, es por eso que la provincia debe analizar la incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso electoral", apuntaron.

Además, expresaron que "la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos electorales no es una revolución sino que lo que se busca una evolución. La tecnología no reemplaza a los fiscales y apoderados de partidos, pero si contribuye a que los mismos cumplan con mayores garantías sus funciones".

En tal sentido Abboud y Busto sostienen que "se debe comenzar el debate en torno a la implementación de un sistema de boleta única electrónica (BUE) similar al existente en Salta, puesto que el mismo no solo facilita el proceso de selección de los candidatos y categorías, sino que además agiliza y reduce sustancialmente el margen de error en el recuento de votos que se desarrolla en el escrutinio provisorio".

Sin embargo, aclararon que "la selección y determinación del instrumento utilizado para sufragar es una decisión soberana del Estado y de la ciudadanía. Por tal motivo, para su implementación resulta necesario un debate público y un diálogo abierto entre las distintas fuerzas políticas y sociales a fin de identificar con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar y las falencias actuales que se buscan solventar".