(Desde Santa Fe) El ex juez federal de la dictadura Fernando Mántaras era un orgánico del partido militar, y si viviera, estaría preso. Uno de sus laderos, Víctor Brusa, ya cumple dos condenas que se unificaron en 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Y esta semana, el fiscal federal Walter Rodríguez pidió la indagatoria y detención del operador intermedio: el ex secretario del Juzgado, Víctor Montti, quien era el segundo de Mántaras y jefe de Brusa. Lo acusó de haber judicializado declaraciones bajo tortura de catorce víctimas del terrorismo de Estado, no denunciar ni investigar los hechos y el "abandono agravado seguido de muerte" de una de ellas, Luis Alberto Hormaeche, un ex dirigente del gremio estatal UPCN que murió por "las torturas y padecimientos" en diciembre de 1977. Eso fue dos meses y medio después de que Mántaras y Montti lo interrogaran en la cárcel de Coronda, donde les advirtió sobre su "precario estado de salud", pero ninguno de los dos hizo nada para "brindarle asistencia sanitaria", "mejorar sus condiciones" de vida y "hacer cesar las torturas y malos tratos", según reza el requerimiento fiscal. A raíz de eso, Hormaeche "se vio hundido en el más absoluto abandono" y "en un camino que lo condujo indefectiblemente al fallecimiento", denunció Rodríguez.

Por la muerte de Hormaeche, el fiscal imputó a dos ex directores de la cárcel de Coronda, los ex comandantes de Gendarmería, Juan Angel Domínguez y Adolfo Kushidonchi, por "homicidio simple". Esa causa está cerca del juicio oral.

Ya el 1º de julio, el fiscal había solicitado la indagatoria de Montti por convalidar declaraciones bajo torturas de once víctimas de la dictadura y no denunciar los hechos. Sin embargo, el juez de la causa, Reinaldo Rodríguez, no respondió. Esta semana, el fiscal amplió la imputación por otros tres casos (con lo cual ya son catorce víctimas, entre ellas Hormaeche), e insistió ﷓por segunda vez﷓ con el pedido de indagatoria, pero ahora también requirió que sea detenido. "Solicito que se contemple la convocatoria (de Montti) a razón de las previsiones del artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación, por cuanto sin desconocer los alcances del beneficio de la exención de prisión otorgado en la causa", el juez "debería evaluar la doctrina emanada del fallo Díaz Bessone en función del informe 35/07 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de asegurar y dar cumplimiento con el acto procesal requerido".

En la acusación del 1º de julio, el fiscal explicó que el Juzgado de Mántaras operaba en línea con el II Cuerpo de Ejército. "Era una especie de escribanía" ﷓dijo﷓ que convalidaba las supuestas confesiones de víctimas del terrorismo de estado arrancadas en mesas de torturas y centros clandestinos. La ley 20.840 se usaba para perseguir a militantes políticos, "a quienes se les aplicaba un virtual ejercicio de la jurisdicción mediante actos regulares sólo en apariencia, alguno de los cuales se perfeccionaron con la intervención funcional del secretario Montti", agregó.

Según las pruebas, Montti era "lazo comunicacional del Juzgado" con el Ejército y quien recibía los "informes" del Destacamento de Inteligencia Militar 122 con listas de "supuestos subversivos" y "sin firma responsable", que después incorporaba a los expedientes judiciales. "En el contexto en que se produjeron los hechos, estas listas eran conformadas en virtud de información recabada por medios ilegales y violatorios a los derechos humanos y tal circunstancia era plenamente conocida" no sólo por Mántaras y Montti, sino también por Brusa y otro empleado del Juzgado, Jorge Ciriaco Núñez, que también está imputado en la investigación. "La patota de saco y corbata", como la definió una de las declarantes en el juicio a Brusa, en 2009.

"Este engranaje judicial que encajó a la perfección con el accionar de las Fuerzas Armadas y de seguridad, no sólo exhibe un condenado por graves violaciones a los derechos humanos como Brusa, sino que presenta en Montti otro eslabón gravitante en los estrados federales, pues las 'declaraciones espontáneas' de las que se sirvió el aparato judicial los comulga de manera elocuente, al tiempo que recobran virtualidad los anoticiamientos de tormentos, torturas, apremios ilegales, coacciones, detenciones y allanamientos ilegales que hoy se leen en las actas labradas, donde aparece en funciones la dupla Montti﷓Brusa", señaló el fiscal.

"En función de ello es que conjugo estos episodios con una práctica sistemática comprensiva del incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión de denuncia en el caso de Montti, ya que ante él se dejó constancia escrita ﷓en forma reiterada﷓ de la existencia de confesiones arrancadas mediante métodos violentos, y a pesar de ello, el funcionario se abstuvo de proceder de acuerdo con el mandato legal establecido en el Código Procesal vigente en ese entonces (ley 2372), que requería el anoticiamiento obligatorio de todo delito de acción pública que conozca en ejercicio de sus funciones", agregó.