Desde Santa Fe.

La investigación de la complicidad judicial con el terrorismo de estado apunta al ex secretario del Juzgado Federal de Santa Fe, Víctor Montti. El conjuez Ricardo Lazzarini resolvió esta semana citarlo a una segunda indagatoria por haber convalidado declaraciones bajo torturas de 14 presos políticos, no denunciar ni investigar los hechos y el "abandono agravado seguido de muerte" de uno de ellos, el gremialista Luis Alberto Hormaeche. Aún no hay fecha para la audiencia, pero ésta se conocerá en los próximos días. El fiscal Walter Rodríguez había pedido la detención de Montti para "asegurar y dar cumplimiento al acto procesal", pero Lazzarini sólo ordenó "ampliar la indagatoria" por "el estado de sospecha" del imputado que consideró "suficiente" para interrogarlo.

Montti era el segundo del ex juez Fernando Mántaras y el jefe de Víctor Brusa. Lazzarini ya lo había procesado hace cinco años, en marzo de 2010, por supuestos "apremios ilegales" a un detenido político y "la omisión de denunciar tormentos" a otros dos. Pero en mayo de 2011, la Cámara Federal de Rosario -en un fallo dividido- lo benefició con "falta de mérito" por considerar que los denunciantes habían incurrido en supuestas "contradicciones", dejaron "dudas" o su relato carecía de "credibilidad".

Este año, el fiscal Rodríguez profundizó la auditoría de la actuación de Montti durante la dictadura. El 1º de julio, amplió la imputación y solicitó la indagatoria por haber aceptado autoincriminaciones bajo tortura de 11 víctimas del terrorismo de estado y no denunciar los hechos. Y el 7 de agosto, presentó un segundo dictamen en el que acusó a Montti por otros tres casos, entre ellos el "abandono agravado seguido de muerte" de Hormaeche, un ex delegado gremial de UPCN que murió por "torturas y padecimientos" en la cárcel de Coronda, en diciembre de 1977. Dos meses y medio antes, Mántaras y Montti lo habían interrogado en el penal, donde les advirtió sobre su "precario estado de salud", pero ninguno hizo nada para "brindarle asistencia sanitaria", "mejorar sus condiciones" de vida y "hacer cesar las torturas y malos tratos", denunció el fiscal. A raíz de eso, Hormaeche "se vio hundido en el más absoluto abandono" y "en un camino que lo condujo indefectiblemente al fallecimiento".

Lazzarini ordenó la indagatoria de Montti después de otro planteo del Ministerio Público. El contrapunto comenzó el 18 de agosto, cuando el conjuez respondió los dos requerimientos de Rodríguez para indagar a Montti, con una fórmula de práctica: "Téngase presente para su oportunidad y si correspondiere, tanto la convocatoria del imputado Montti como la citación" de un testigo.

El fiscal retrucó que "dicha expresión no constituye una respuesta jurisdiccional válida" a la solicitud del Ministerio Público. Y "sólo puede aceptarse como una manera de proveer correcta cuando se incorpora a la causa algún informe o ser recibe prueba que, evidentemente, tiene su tratamiento en una oportunidad ulterior al dictado del decreto".

"Pero en este caso, corresponde al magistrado expedirse en forma concreta y fundada respecto" a la indagatoria de Montti para "garantizar el debido proceso y el derecho de defensa en juicio", dijo el fiscal. Y recordó la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal que "establece la necesidad de evitar demoras innecesarias y formulismos que retarden" los juicios de lesa humanidad.

El jueves, Lazzarini respondió: "Atento a lo solicitado por el fiscal y al exhaustivo análisis de sus presentaciones (el 1º de julio y el 7 de agosto) considero que existe un estado de sospecha suficiente para citar a Victor Montti a ampliar su declaración indagatoria, fijándose fecha según programación de Secretaría", que es lo falta conocer.

En la acusación del 1º de julio, el fiscal explicó que el Juzgado de Mántaras operaba en línea con el II Cuerpo de Ejército. "Era una especie de escribanía" -dijo- que convalidaba las supuestas confesiones de víctimas del terrorismo de estado arrancadas en mesas de torturas y centros clandestinos. Montti era el "lazo comunicacional del Juzgado" con el Ejército y quien recibía los "informes" del Destacamento de Inteligencia Militar 122 con listas de "supuestos subversivos" y "sin firma responsable", que después incorporaba a los expedientes judiciales.