Como para ponerle punto final a un tropiezo por el que pagó costo político a partir de conmutarle la condena a dos de los homicidas de un comerciante y de su hijo, de San José de Rincón, el gobernador Antonio Bonfatti pidió la renuncia ayer de la subsecretaria de Asuntos Penales, Débora Cotichini, al considerarla responsable del escándalo que se armó desde la familia de las víctimas de aquel doble crimen ocurrido en 2007. La funcionaria ejerció hasta ayer en esa área del Ministerio de Justicia a cargo de Juan Lewis, quien había sido señalado desde adentro mismo del Frente Progresista. El ministro había dicho que su renuncia estaba a disposición del gobernador, pero ayer el titular del Ejecutivo cortó por abajo y evitó resignar uno de los hombres de su equipo.

Bonfatti dejó entrever ayer por la mañana, antes de la habitual reunión de gabinete de los lunes, que habría novedades respecto del malestar sentido entre los deudos de Rubén y Eduardo Mattioli, padre e hijo que fueron asesinados durante un asalto. En esa junta reveló su decisión de echar a Cotichini y, además, le encargó a Lewis la elaboración de un decreto que autolimite la facultad constitucional que le asiste para conmutar penas de convictos, tal como desde hace décadas ocurre dos veces al año. En trazo grueso, el decreto excluirá del beneficio de la conmutación de penas a los condenados por homicidio.

Cotichini, de 38 años, participó de la elaboración del decreto nº 2484, firmado el 5 de agosto y por el que se le rebajó tres meses la condena a 67 presos, y se le fijó la pena a dos hombres condenados a prisión perpetua, el rosarino Marcelo Salazar y Antonio Ceballos, uno de los homicidas de los Mattioli. El revuelo se armó cuando en la misma cartera de Justicia advirtieron que diez meses antes, en octubre pasado, el gobierno le había otorgado el mismo beneficio a otro de los asesinos de ese caso, Facundo Sartore. La familia Mattioli exigió explicaciones, Bonfatti anuló el decreto ﷓aunque hay juristas que consideran que eso ya no es posible porque el reo tiene un derecho adquirido﷓ y Lewis pidió disculpas, mientras en Santa Fe más de uno pedía su renuncia como responsable político más visible. Por ejemplo, el propio intendente y el senador local, los radicales José Corral y Hugo Marcucci, respectivamente. "La labor del ministro deja mucho que desear. Al gobernador le hizo cometer un error muy grave", reprocharon.

Las hermanas de Rubén Mattioli despreciaron las enmiendas: "Nos pidieron disculpas de nuevo pero con eso no hacemos nada. Sartore fusiló a mi hermano poniéndole el revólver en el pecho. Y si como ellos dicen, las conmutaciones son limitadas, no entendemos cómo puede ser que en diez meses le conmuten la pena a dos homicidas del mismo caso. Es muy raro. Tenemos una sensación rara. Y le conmutan en este caso al autor material del crimen, y no se puede hacer nada porque ya tiene un derecho adquirido".

"A nosotros no nos sirven las disculpas. Esto que está pasando es gravísimo; institucionalmente es gravísimo. Recién ahora se fijan de casualidad, que también conmutaron a Sartore. ¡Esto es una joda!. No saben que al asesino le van a permitir salir en apenas cuatro años con salidas transitorias. Fue un crimen atroz y en cuatro años se va a estar cruzando por la calle con nuestros hijos", reprobaron Nilda y Alicia Mattioli, hermanas del comerciante asesinado al diario El Litoral.

Ayer voceros del gobierno provincial consultados por este diario confirmaron la renuncia de la funcionaria, motivada por no haber previsto la repercusión que iba a producir las conmutaciones de pena a dos convictos de un doble crimen que estremeció a Rincón y a la ciudad capital. Uno repitió los argumentos que Cotichini todavía esgrimía antes de que caer de su sillón. "Para el caso de Sartore y de Ceballos no es rebaja de condena sino fijación de pena, que es la máxima, 25 años, porque la prisión perpetua no tiene pena fijada, y el decreto sirve para eso", aclaró un portavoz de gobierno. Y otro más lamentó la salida de Cotichini en soledad. "No es la única que estuvo en el tema, además del juez de Ejecución Penal y de las autoridades penitenciarias, también en la Corte Suprema dieron el OK y nadie advirtió de quien se trataba los que iban a recibir la conmutación", dijo.