Un patovica del boliche La Tienda fue imputado formalmente ayer por el asesinato de Gerardo Escobar, el joven cuyo cuerpo apareció flotando en río Paraná una semana después de haber sido visto con vida a la salida de este after. En tanto dos policías y otros dos empleados de seguridad del lugar fueron imputados por "encubrimiento agravado". Una de las pruebas con la que cuenta la fiscal Marisol Fabbro es una cámara de seguridad ubicada en Tucumán 1049 "en la que se ve cómo primero se lo inmoviliza pisándole la mano y después se ve que le dan golpes de puños y con la rodilla. Luego se observa que al cuerpo lo sacan del radio de alcance de la cámara". Para la justicia el golpeador es Cristian Jesús Vivas, de 36 años, el patovica que habita en la zona de Uruguay al 3100, donde había sido detectado el teléfono de la víctima. Los encubridores son los policías Luis Alberto Noya y Maximiliano Amiselli, ambos de 33

años, este último con carpeta médica psiquiátrica. La lista se completa con Cesar Darío Ampuero y José Luis Carlino, ambos de 30 años.

En rueda de prensa, Fabbro explicó el giro copernicano que dio la causa: "Las evidencias que se manejaron hasta este momento son las declaraciones de los testigos, que coinciden en que algo sucedió a la salida del boliche. Uno de ellos incluso le da datos a la familia de que vayan a preguntarle a uno de los patovicas, lo cual nos resultó un indicio de que algo pasó. Y fundamentalmente una filmación de prácticamente una cuadra, hasta Tucumán al 1000, donde se visualiza que uno se acerca a Gerardo y le da golpes de puños, con la rodilla y lo arrastra, no se alcanza a determinar si es en la cabeza, o si es en el cuerpo", explicó. "En la filmación se ve que al cuerpo lo sacan del radio de alcance de la cámara", agregó.

Respecto a si Gerardo murió antes de ser arrojado al río, dijo que "no se pudo determinar eso, dependerá de estudios que se están haciendo en este momento". "Lo que me dice el médico es que se descartan fracturas, pero no se descartan golpes, falta determinar si esos edemas son por putrefacción o traumatismo, esperamos los resultados de esos análisis", dijo.

Respecto al celular señaló: "En principio tratamos de chequear desde la Fiscalía el tema del programa informático con el que se localiza el celular en el domicilio. Se hizo una prueba piloto con un celular y dio en el mismo sentido, pero igual sigue siendo analizado por técnicos para ver la certeza que pueda tener".

Indicó que se procedió "al secuestro de la funda del asiento trasero, de una remera que había en el auto y tenía manchas. Se llevó al laboratorio donde podrá haber un resultado en cuatro días".

Luego de la audiencia imputativa, Luciana, hermana de Pichón Escobar, aseguró que continuarán exigiendo que la causa pase al fuero federal y se investigue como desaparición forzada de persona. Sobre este aspecto habrá una audiencia mañana a las 11, en donde se decidirá si la causa cambia de competencia y además se resolverá la prisión preventiva de los detenidos.

Para el defensor general Gabriel Ganón no deja de llamar la atención el repentino y rotundo cambio que atravesó la investigación. "Nos preocupa que sea una maniobra para pretender retener la competencia en la provincia, porque no es lo mismo calificar un hecho como homicidio que como desaparición forzada de persona", sostuvo.

"Estamos en el mismo lugar donde nosotros dijimos que había que poner el foco, que es en los patovicas y policías que estaban esa noche en La Tienda", recordó. Además, relacionó los avances con "el activismo social en la ciudad y de la familia de Gerardo, que pudo poner suficiente presión para que se modificara la situación" haciendo referencia a la movilización del pasado jueves.

La intención de Ganón de que la causa pase a la justicia federal hace pie en la necesidad de investigar con profundidad la participación de los agentes policiales tanto en el hecho como en todo el entorno del boliche La Tienda. "Hay que desentrañar todo el cúmulo de circunstancias extrañas que hay detrás del hecho, las declaraciones falsas o los rumores de que en el lugar se venden estupefacientes. Requiere de una investigación muy puntillosa y más allá de la buena o mala voluntad de la Fiscalía, las garantías no están reunidas en la justicia provincial", explicó. La carátula de desaparición forzada de persona cabe cuando interviene el Estado, en este caso a través de una de sus fuerzas de seguridad.

Todavía resuenan las prematuras declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, quien se apresuró a desligar a la policía de lo sucedido.

Mientras se realizaba la audiencia pública por la imputación de los implicados en el asesinato de Pichón, el abogado Salvador Vera presentaba un habeas corpus preventivo para evitar que vuelvan a solicitar que declare ante el Ministerio Público de la Acusación. "Realizamos la presentación en función de las restricciones a mi libertad personal que he sufrido en virtud de citaciones por parte del MPA, a los fines de prestar declaración testimonial en la investigación de la causa Escobar", dijo Vera. "No podemos ser testigos porque somos una parte interesada en la investigación. Nos parece grave en términos constitucionales", agregó. La presentación, que llevaba las firmas del defensor Ganón y del diputado Eduardo Toniolli, fue rechazada en menos de una hora.