El gobierno provincial dispuso desde el domingo la reubicación de 235 detenidos que estaban en comisarías rosarinas en distintas unidades del Servicio Penitenciario. La medida obedeció a la intención de descomprimir el hacinamiento de reclusos en las seccionales policiales, pero a los familiares de los presos la mudanza los tomó por sorpresa y motivó su protesta, dado que en las primeras horas del procedimiento muchos no sabían adonde habían sido alojados sus parientes privados de libertad.

Desde la Unidad Regional II de Policía informaron en un comunicado que el traslado se realizó hacia distintas cárceles de la provincia para que los convictos continúen su condena en jurisdicción del Servicio Penitenciario. "La medida promueve un mejoramiento en las condiciones de los detenidos y apunta a que los auxiliares de la Justicia que hasta ahora se dedicaban a la custodia de detenidos se aboquen a la tarea específica de seguridad en las calles de la ciudad", argumentaron desde el Ministerio de Seguridad.

Según la explicación oficial, "el programa provincial disminuyó notablemente la cantidad de detenidos en las comisarías, dado que algunas dependencias quedaron sin detenidos y abocadas exclusivamente a la seguridad pública". Uno de los destinos de la relocalización fue la Unidad Penitenciaria Nº 16, el nuevo penal inaugurado este año en las afueras de la ciudad de Pérez, sobre el límite con Rosario. "El Plan de Seguridad contempla un proceso de transformación integral del servicio de seguridad en Santa Fe incluyendo obras de remodelación y refacción en las comisarias como así también la construcción de nuevas dependencias policiales", finalizaron.