Unos 5.500 santafesinos viven hoy con la incertidumbre de saber que de un día para otro pueden perder la única vivienda que poseen. Tenedores de deuda, legítima o no, naufragan ante la "desprotección" que reina en la provincia por la inexistencia de una ley que evite la ejecución de inmuebles que hoy están factibles de ser rematados. Ese es el motor de la lucha de la Concejalía Popular, que en pocos días llamará a una reunión con distintos actores de la problemática y fuerzas sociales para establecer los ejes centrales de una ley que a su vez será derivada a las Cámara de Diputados y Senadores. "El sector que defiende lo contrario, que está vinculado a la usura, al remate, es muy poderoso en el país y en la provincia", alertó Nire Roldán, referente de la entidad.

El tema no es nuevo para la Legislativa. Hace cinco años, el por entonces diputado del Frente Progresista Cívico y Social, hoy ministro de Seguridad, Raúl Lamberto impulsó y logró la sanción de la ley 13.116, que estableció un procedimiento especial de emergencia para proteger la vivienda única. En ese momento, quedó implantado que un juez competente sea el encargado de practicar la liquidación del total adeudado y establezca una forma de pago, a fin de cancelar la deuda sin la pérdida de la vivienda del deudor o demandado.

Desde la Concejalía apoyaron la iniciativa en 2010, aunque consideraron en ese momento que no era realmente una "solución de fondo". La ley contempló la creación de un registro de propietarios de vivienda única en situación de remate, pero en los hechos, reveló Roldán, el intento de negociación "no pretendía ninguna solución pacífica", ya que solo se buscó "ir sobre el inmueble de la persona". Por ese motivo, la cantidad de casos en situación de persecución hasta la subasta en Santa Fe sigue siendo muy alta. "Los jueces no pudieron encontrar una mediación y lentamente avanza un proceso, desde hace un año, de desprotección ante la no existencia de una ley".

En 2010 se censaron 8800 deudores a lo largo de la provincia, propietarios perseguidos por distinto tipo de acreencia, algunas de tipo legítima, "otras bastante ilegítimas". El número se fue reduciendo, pero hoy se mantiene alto, en los 5500 casos. En los últimos dos meses se detectaron desde la Concejalía 50 ejecuciones, solo en el sur de Santa Fe. Es decir, los procesos no se detienen y avanzan de manera rápida sobre los deudores. "Tenemos fechas ciertas de remates, ya hemos intervenidos y hemos encontrado solución de acuerdo e impedir el remate". Pero la problemática exige otro solución, que resguarde la vivienda única. "Hablamos de la inejecutabilidad e inembargabilidad", dice Roldán.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la entidad que quebrara en 1995, sigue persiguiendo a sus deudores a pesar de haber sido un banco que "estafó a miles y miles de ahorristas". También aprieta, a pesar de no operar más en la provincia, la vieja empresa Aguas Provinciales de Santa Fe, que era propiedad del grupo francés Suez, ya que cuando se retiró de la provincia en 2005 vendió el paquete acreedor a un grupo inversor, "usurero, que terminan hoy persiguiendo en toda la provincia". Roldán reconoce cuatro situaciones a la hora de exigir deuda: cuando el proceso judicial llegó a instancia de remate; cuando se precisa una transferencia de inmueble por una compra-venta y se debe cancelar la deuda en el Registro del Propiedad; en el caso de los deudores que ceden en virtud de haber salido garantes de alguna compra, incluso de alquileres; y finalmente, mediante los "famosos préstamos", que se aseguran con un bien real, una propiedad.

Roldán admitió también que la causa "trasciende las fuerzas políticas" de la provincia, por eso pidió a los partidos "ver el interés social" del problema. "Hay que plasmar en el hecho objetivo el derecho a la vivienda digna de las personas", cerró.