Desde Santa Fe.

El Ministerio Público solicitó al Tribunal Oral de Santa Fe que declare culpables y condene a los tres imputados por "sustraer, retener y ocultar" a María Carolina Guallane cuando era una niña de 14 meses, en febrero de 1977, y "alterar su estado civil", que era Paula Cortassa. Uno es el ex juez de Menores Luis María Vera Candioti; el otro, el ex coronel Carlos Enrique Pavón -quien entregó la beba con una nota falsa del Ejército- y el tercero, un ex comisario de la Policía santafesina, Juan Calixto Perizotti. El fiscal Martín Suárez Faisal pidió para Vera Candioti el máximo de la escala penal por aquel delito: 15 años de prisión; para Pavón 13 años y para Perizotti, 25 años, porque a éste lo acusó también como "autor mediato" del asesinato de 16 montoneros, entre ellos Enrique Cortassa y Blanca Zapata, que eran los padres biológicos de Carolina. Según el fiscal, Vera Candioti cumplió un rol clave en el plan sistemático de desaparición de niños. "Era el juez de confianza de la dictadura", afirmó.

El alegato del Suárez Faisal cerró esta semana la etapa de la acusación que habían arrancado a mediados de marzo con las querellas. La semana entrante seguirán las defensa y luego se conocerá la fecha del veredicto. En el juicio por la megacausa se juzgan asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas de 53 víctimas, pero sólo hay cuatro imputados: Vera Candioti, Pavón, Perizotti y el coronel Domingo Morales porque los otros fallecieron, entre ellos el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Roberto Diab, que murió al mes de iniciado el debate.

El fiscal solicitó también 22 años de prisión para Morales por "asociación ilícita" y el asesinato de tres militantes, Norma Meurzet, Silvia Wollert y Joselo Gómez, el 24 de marzo de 1977. Así que en orden decreciente, las penas que solicitó Suárez Fiscal son: Perizzotti 25 años, Morales 22, Vera Candioti 15 años y Pavón, 13. Perizotti ya cumple dos condenas: a 22 años por secuestros y torturas (desde 2009) y a ocho años por asociación ilícita (desde 2014), que se unificaron en 23 años.

En el comienzo de los alegatos, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Natalia Moyano y Santiago Bereciartúa, habían solicitado 15 años de prisión para Vera Candioti, Pavón y Perizzotti por el caso Carolina. La abogada Alejandra Romero Niklison 25 años de cárcel para Perizotti por el "homicidio" de Cristina Ruiz de Ziccardi, que cayó en la casa de los padres de Carolina, el 11 de febrero de 1977, en lo que se conoce como la masacre de la casa de calle Castelli al 4500. Y esta semana, los abogados de Hijos, Lucila Puyol y Guillermo Munné, reclamaron "prisión perpetua" para Perizzotti por diez homicidios.

Vera Candioti era el único juez de Menores de Santa Fe durante la dictadura. Llegó al cargo por decreto del gobernador de facto, vicealmirante Jorge Aníbal Desimoni y se desempeñó entre el 21 de octubre de 1976 y el 25 de abril de 1980, recordó Suárez Faisal. "Entre 1958 y 1970 había sido policía, cargo que dejó para ser fiscal provincial, hasta su asunción como juez en 1976". "Claramente, necesitaban de una persona de confianza para tan importante función, dentro del plan sistemático que cómo tantas veces se dijo en esta sala en este y en todos los juicios vinculados con el terrorismo de Estado, incluía la supresión de la identidad de los hijos de los denominados 'delincuentes subversivos' por las fuerzas policiales y militares", agregó.

El fiscal acusó a Vera Candioti de no haber averiguado la identidad de Carolina que sobrevivió a la masacre de su familia, en febrero de 1977 porque lo primero que hizo fue "estudiar la posibilidad de una guarda familiar". La niña se la había entregado el Ejército con un oficio falso que firmó Pavón, a quien el juez "no se molestó en llamar para pedirle explicaciones".

"Paula fue sacada de la casa por un policía envuelta en una sábana manchada con sangre". El juez no acudió a otras autoridades judiciales ni a los medios de comunicación para difundir el caso de la niña y "ni siquiera miró el diario El Litoral para informarse sobre el referido operativo de calle Castelli". "Tampoco se constituyó en el barrio, como hicimos nosotros 40 años después, que comprobamos que todos los vecinos de la época sabían lo que había pasado y cómo se habían llevado a la nena del lugar, envuelta en una sábana ensangrentada", agregó el fiscal.

El objetivo de Vera Candioti era "alejar a la niña de cualquier posibilidad de que pueda ser identificada por su familia biológica" y por ese motivo, en el "fraudulento proceso de adopción salteó a las primeras veinte familias adoptantes para entregarla a un matrimonio de la ciudad de Venado Tuerto, situada a más de 350 kilómetros de Santa Fe".