José Luis Diez Mori es biznieto del gobernador Juan Manuel Cafferata. Heredó hectáreas de campo en Las Junturas, en Córdoba, que pertenecían a su abuela María Esther Antonia Chiodi de Cafferata. Antes de morir, en 1986, la mujer decidió adelantar los trámites y realizó una venta en favor de sus herederos: José Luis, su hermano Gustavo y la madre de ambos, María Rina Cafferata. La historia, que hoy se expresa en un conflicto judicial por la propiedad y el usufructo de los campos, se remonta a la infancia de José Luis y Gustavo: cuando ellos tenían 6 y 4 años, la mamá se fue de la casa, y tiempo después formó otra pareja, con quien tuvo un hijo, Raúl Mario Lattuca, al que José Luis dice "el extramatrimonial". En 1987, cuando murió la madre de los Diez Mori, este tercer hijo se presentó a pedir una declaratoria de herederos, pero Diez Mori -que es abogado civilista- tomó una estrategia: dejar que el reclamo corriera sin responderlo, y seguir administrando los campos, como lo hacía en vida de su abuela, con la anuencia de su hermano Gustavo. Tras 22 años, José Luis inició en Córdoba un juicio de usucapión por la propiedad de esos campos que siguió administrando. Sólo que en 2007, el medio hermano y Gustavo se unieron en otra estrategia. Hoy, la guerra entre los hermanos Diez Mori mantiene el campo sin explotar desde hace más de un lustro y una sospecha de Jose Luis: hay una manifiesta intención de perjudicarlo en los Tribunales provinciales.

La disputa llegó en 2008 al juzgado civil a cargo de Silvia Cicuto que, primero, nombró como administrador "del acervo patrimonial" a Lattuca. Es decir que el hombre debía administrar el 33,33 por ciento que correspondía a la madre de los tres. Sin embargo, desde que vivía la abuela, el administrador era José Luis. "Adjunté más de 300 fojas que acreditan mi actuación como administrador del campo, en ese momento por más de 35 años", se quejó José Luis Diez Mori. Según asegura, Cicuto violó "lo expresamente dispuesto por el artículo 618 del Código Civil y Comercial". José Luis se refiere a esta frase: "si no hubiere acuerdo, el juez nombrará al cónyuge sobreviviente o al heredero que a su juicio sea más apto y ofrezca más garantía para el desempeño del cargo".

La disputa fraterna siguió en Tribunales, ya que en 2010, Gustavo inició otra demanda contra José Luis, por "rendición de cuentas". Hasta 2007, las rendiciones de cuentas fueron firmadas en conformidad por Gustavo. De ahí en más, José Luis tomó otros recaudos. "En virtud de encontrarse los lotes desocupados, y por las facultades que me otorga el artículo 2700 del Código Civil con fines de conservación y mantenimiento, celebré un contrato acciental por cosecha en el año 2010. Con conocimiento de mi hermano", dice José Luis, que jamás reconoció la propiedad del medio hermano.

Pero era difícil ponerse de acuerdo entre los hermanos. La pelea pasó a mayores el 21 de abril de 2010, cuando José Luis recibió un llamado telefónico del arrendatario de los campos (son dos lotes), diciéndole que cuando fueron a supervisar el sembradío encontraron una trilladora que lo estaba haciendo a toda velocidad. El arrendatario hizo la denuncia en el destacamento policial de Las Junturas. Lattuca había encargado que se cosechara el total de la soja, "exhibiendo ese nombramiento provisorio, irregular e ilegal, solamente para el 33,33% del acervo hereditario", dice el texto donde José Luis detalla lo ocurrido y cuestiona las actuaciones judiciales. Por eso, José Luis inició una causa contra Lattuca en Río Segundo, por hurto calificado.

Por eso, José Luis denuncia que una intromisión de Gustavo y Lattuca en los campos. "Se presentaron en el domicilio del arrendatario y le manifestaron que desde ese momento se harían cargo de todo, incluida mi parte", relató. Después de ese episodio, quien explotaba el campo desistió de continuar. Por un lado, José Luis desconoce como condómino a quien llama "el extramatrimonial" y por otro lado, afirma que el campo no puede dividirse, ya que debe explotarse como una unidad económica. Según la extensa denuncia de José Luis sobre "el atropello" que sufre en el poder judicial, Chaumet pretendía en "una audiencia que dijo ser de conciliación" (...) "efectuar una división de hecho de las fracciones, proponiendo quedar mi hermano con un lote y el otro que fuera compartido por mí con el extramatrimonial, división que no pudo ni puede llevarse a cabo y no hay disposición legal que me obligue a aceptarlo". Desde 2010, el campo está "abandonado" y sin explotación.

El 15 de octubre de 2012, Cicuto ordenó que José Luis rindiera cuentas, "haciendo lugar a meras manifestaciones" de Gustavo, "sin pruebas". Por eso, José Luis consideró el fallo "contrario al ordenamiento legal vigente" y presentó una denuncia al considerarlo "írrito y/o fraudulento". La sentencia fue confirmada en 2013 por la Cámara Civil, con votos de Mario Chaumet y Darío Cúneo, y con la abstención de Edgar Baracat.

Lo primero que José Luis Diez Mori indica es que, debido al abandono sufrido en su infancia, "nunca" tuvo "vínculo afectivo alguno" con su madre, y mucho menos con su medio hermano, al que sólo nombra como "el extramatrimonial".

La trama sería ajena a las páginas de un diario si no fuera porque José Luis Diez Mori asegura que existe una conspiración judicial para despojarlo de sus tierras, a las que accedió "según el ordenamiento vigente". La alianza entre su hermano y el "extramatrimonial" lo despojó de los campos que administró durante más de tres décadas. "Rendí cuentas, con respaldo documental, que da un saldo deudor a mi hermano que desde el año 2007 a la fecha no abona los impuestos inmobiliarios, gastos y honorarios", especifica José Luis Diez Mori, quien ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia a reclamar por las sentencias que lo perjudican y que, asegura, no se ajustan a derecho. "Presenté recusación con expresión de causa contra la jueza Cicuto por imparcialidad manifiesta, que la deniega, y en la alzada recusé con causa a los vocales Chaumet y Cúneo por parcialidad manifiesta, que también fue rechazada", cuenta José Luis.

Es que su hermano, en 2011, Gustavo inició otro expediente, solicitando embargo preventivo e incautación de fondos "sobre arriendos que todavía no habían vencido, a consecuencia de la firma de un contrato accidental firmado por mí con productores de la localidad de Oncativo, provincia de Córdoba, despacho que fue firmado por la doctora Cicuto, a pesar de no cumplir con los recaudos que exigen los artículos 277 y 278 del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe".

Diez Mori también cuestiona a Cicutto por "una segunda irregularidad, gravísima" al firmar "dos pseudo-oficios" "sin cumplir con los recaudos que dispone la ley de comunicaciones entre tribunales de distina jurisdicción, y firma los mismos sin jurisdicción para ello". José Luis Diez Mori asegura que Cicuto tomó una medida con Córdoba sin dar participación a un juzgado provincial de esa provincia, como debió hacer.