La Sala II de la Cámara de Casación Penal resolvió apurar los tiempos de espera para la tercera parte de la llamada Causa Feced, acortando a la mitad las prisiones preventivas sobre los acusados en esta causa. Los camaristas Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David redujeron a solo seis meses las prisiones preventivas sobre José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Carlos Ulpiano Altamirano, Daniel González y Héctor Gianola. Con el mismo tono exhortó al tribunal de juicio a que extreme los recaudos para fijar y dar inicio al debate oral y público. La orden va dirigida a la nueva conformación del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, que está conformado por jueces de otra jurisdicción: Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás), Francisco Miño, y Lilia Carnero. "Esta resolución debe entenderse como una oportunidad para poner de relieve las discusiones que se plantean en este nuevo contexto político en que se desarrollarán los juicios pendientes de realización. El máximo tribunal penal del país está diciendo que se extremen los recaudos para la pronta realización de la audiencia de debate" opinó Gabriela Durruty, abogada querellante junto a Jesica Pellegrini.

En rigor los miembros de la Sala II, en virtud del ejercicio del control que incumbe a ese tribunal, entienden que "deben acelerarse los tiempos a la hora de establecer la fecha de la audiencia preliminar y el juicio" donde se ventilará la tercera de las audiencias orales de la causa Feced.

Las prisiones preventivas de Lofiego, Marcote, Scortechini y Vergara, y Vallejo vencieron el 7 de marzo; la de Ibarra el 8 del mismo mes, la preventiva de Altamirano el 17 de marzo; la de González el 28 del mismo mes, y la de Gianola el 23 de abril, debiendo contarse seis meses desde cada vencimiento.

El Tribunal de Casación penal entiende que deben acelerarse los tiempos para fijar la fecha de la audiencia preliminar ordenada por la acordada 1/12 de ese alto tribunal y la fecha en que deberá iniciar la audiencia de debate.

"Entendemos que lo debates actuales en torno a los juicios por el accionar genocida deben centrarse en dos ejes fundamentales: por un lado, procurar que se garantice la realización de las audiencias cautelando la prueba y asegurando la presencia de los imputados y por el otro hacer públicas las decisiones jurisdiccionales a fin de transparentar los procesos de verdad y justicia" razono Durruty.

"Desde la querella de APDH y por la representación particular que ejercemos con Jesica Pellegrini entendemos que los caminos de la impunidad se diversifican y complejizan por lo cual es importante debatir de la cara a la sociedad no solo en los ámbitos académicos sino en el seno de las organizaciones de derechos humanos la forma de garantizar que el derecho de acceso a la justicia sea efectivo y no se torne ilusorio".

"En nuestra jurisdicción -agregó la letrada- los condenados intentan como en el caso de José Lofiego, burlar las sentencias mediante la obtención de la modalidad domiciliaria (en casos que claramente exceden los legales) a la hora de cumplir sus condenas".