"Yo no voy a volver a mi casa sin laburo", dice Varón Fernández, militante social y hoy ex trabajador de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Desde junio de 2013 integró el equipo de Seguridad Comunitaria, en un proyecto que buscaba forjar otro tipo de vínculo entre la casa de estudio y los pibes del barrio que entraban a vender estampitas, lapiceras o simplemente a pasar el rato. A raíz del comienzo de la nueva gestión de gobierno en la Facultad, en junio de 2015, el proyecto comenzó a perder el apoyo institucional necesario para sostenerse. En la segunda mitad del año y los primeros dos meses de 2016, el contrato fue cambiando y debilitándose hasta que hubo punto final. Desde la Facultad argumentan que fue el fin del contrato, mientras que Varón habla de un despido que devela una decisión política de la institución. Este martes se hizo una reunión entre el trabajador, sindicatos y el decano Raúl Gómez, en la que no hubo avances. Organizaciones sociales, docentes y militantes de la ciudad continúan llevando adelante una asamblea exigiendo la reincorporación.

Los niños y las niñas de La República de la Sexta, el barrio en el cual está el Centro Universitario Rosario que contiene a la Facultad de Psicología, anduvieron siempre por los pasillos del complejo. Madres jóvenes con niños en brazos pidiendo algunas monedas a cambio de estampitas, pibes dando vuelta, charlando y jugando con los estudiantes de las distintas carreras, o también vendiendo lapiceras o pañuelitos para juntar de a poco algunos mangos. Esta situación fue siempre motivo de controversias. Para las autoridades de Psicología los chicos no pueden estar en la facultad porque no son ni trabajadores ni estudiantes. Por eso hasta mediados del 2013 un servicio de seguridad privada se encargaba de evitar el ingreso de los chicos al edificio. Para junio de aquel año, a través de un pedido de la entonces decana, se impulsó el proyecto de Seguridad Comunitaria que abordarían Varón Fernández y Martín Ríos, el primero militante del Bodegón Cultural Casa de Pocho, de barrio Ludueña, y el segundo de Causa, organización popular de Villa Banana.

Fueron más de dos años de trabajo diario con alrededor de 32 chicos, siempre con el objetivo de promover y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Al principio la jornada comprendía una carga horaria desde las siete de la mañana a las once de la noche, pero con el paso del tiempo se acordó otro horario. Así, los chicos ingresaban al edificio de tres a seis de la tarde, bajo el acompañamiento del equipo de Seguridad Comunitaria. Por fuera de ese horario no podían entrar y ese control quedaba a cargo del personal de Resguardo Patrimonial, un área dependiente de la UNR y conformado por agentes de seguridad. En ese período, el trabajo de Seguridad Comunitaria no terminaba en esas tres horas ni dentro de la Facultad. Por el contrario, buscaban fortalecer los vínculos con los chicos, organizando distintas actividades como las colonias de vacaciones, idas al cine, a pescar, a la plaza o recorridas por las instituciones estatales y organizaciones sociales del barrio.

Con la nueva gestión comenzaron los cambios. El contrato finalizó el 31 de agosto de 2015 aunque el proyecto continuó hasta fin de año pero con los trabajadores como becarios. En diciembre último, en una reunión con las autoridades de la Facultad se les informó que el proyecto había terminado y que se iba a formular otro programa para empezar en marzo y al cual podrían ser convocados. El proyecto que se había sostenido hasta entonces ya no estaba en los planes de la gestión, aunque el reclamo de los trabajadores permitió que se extendiera durante enero y febrero. El 2016 comenzó con nuevas propuestas por parte de la gestión actual, que nunca llegaron a conformar. Por un lado porque desfavorecían las condiciones laborales con una notoria disminución del sueldo, y por otro lado por el rotundo cambio que iba a sufrir el proyecto. Así fue que se empezaron a gestar asambleas abiertas para pedir por mejoras en las condiciones y la continuidad del plan de trabajo, aunque todo culminaría de otra manera. Después de idas y venidas, desde la gestión dieron por finalizado el asunto con el equipo de Seguridad Comunitaria afuera.

Desde el Decanato de la Facultad informaron que se emprendería otro proyecto, argumentando que buscarían no promover el trabajo infantil. Repararon sobre este aspecto por los chicos que venden en la Facultad, y las puertas fueron cerradas definitivamente. El nuevo "plan de abordaje comunitario" que emprendió la Facultad se basa en un convenio con la Escuela de Psicología Social Enrique Pichón Rivière, a través del cual se beca a diez alumnos de dicha institución privada para que realicen prácticas con los chicos del barrio.

Considerando esta situación, entendiendo que no había vuelta atrás ante el reclamo por la continuidad del proyecto anterior y destacando las diferencias políticas con el nuevo plan, Martín Ríos decidió dejar la asamblea abierta por la reincorporación. La puerta definitivamente cerrada para los pibes fue el punto final. "La posición de la gestión fue concreta y no iba a torcer el brazo. Nos echaron por una cuestión ideológica y por la misma cuestión ideológica decido no reincorporarme", explicó a Rosario12. Varón, por su parte, decidió continuar exigiendo su reincorporación con críticas al nuevo proyecto y con la esperanza de poder cambiar la perspectiva de trabajo que se viene encarando en los últimos meses. Así, con la compañía de distintas organizaciones sociales continúa manteniendo las asambleas abiertas y distintas campañas para visibilizar su posición.

El panorama es complicado. En la reunión del pasado martes, a la que asistieron referentes de COAD, CTA y ATE, no hubo avances a favor de las demandas de Varón. "Siguen con la idea de que no hay fondos para el proyecto, pero largan otro con convenio con una escuela privada con diez personas precarizadas como pasantes. Son becas que costaron puestos de trabajo", analiza el militante social. Sobre la cuestión del trabajo infantil utilizada por el Decanato como argumento para impedir el paso de los chicos a la Facultad, Varón apunta: "Es imposible pensar que si le cerramos la puerta a estos pibes no van a trabajar. Si cerramos la puerta de la Facultad se van a trabajar a la calle". Para Varón, este aspecto debería abordarse con los pibes incluidos, reconociendo sus realidades y trabajando sobre ellas.

Varón analiza y define su situación de manera concreta: "Es una decisión política, de clase: un laburante menos, diez precarizados, los pibes afuera y el corte de un laburo de casi tres años". En este sentido agrega: "La Facultad toma una decisión sabiendo que los primeros que pierden son los niños y los trabajadores. Da bronca que sigan profundizando medidas que llevan a la pobreza".

Por estos días los pibes de La Sexta ya no son recibidos en la Facultad de Psicología. La salita que el equipo de Seguridad Comunitaria tenía en el edificio fue vaciada. Su frente fue blanqueado con una mano floja de pintura, sobre un mural que los propios chicos habían pintado. Y su interior es usado como depósito: donde antes había juguetes, libros, disfraces y documentación de los chicos, ahora hay herramientas, mesas y sillas rotas. El abandono conquistó un espacio que había sido apropiado por la pibada. Durante el pasado jueves se realizó una nueva asamblea abierta, y allí Varón insistió que la pelea por su reincorporación va a continuar, con radios abiertas y la posibilidad de un festival en las próximas semanas.