El presidente del máximo Tribunal de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, y el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Guillermo Arancibia, a través de la Delegación Santa Fe a cargo del Dr. Federico Larrazabal, firmaron un protocolo adicional que habilita a los distintos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de Santa Fe, a solicitar a la Oficina de Pericias de la SRT la realización de exámenes médicos derivadas de procesos judiciales por accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.

Allí se estipula que la SRT pone a disposición de la provincia datos como el Registro de Accidentes de Trabajo; el Registro de Enfermedades Ocupacionales; el Registro de Contratos de Afiliación; el Registro de Actuaciones Judiciales de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo; los registros de los que surgen los incumplimientos de los empleadores a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo y los expedientes ante las Comisiones Médicas, con sus respectivos antecedentes médicos.

Con respecto a los beneficios directos, y teniendo en cuenta que Santa Fe es una de las provincias que tiene una de las tasas más altas en materia de litigiosidad del país, luego de CABA y Buenos Aires, cabe resaltar que el convenio es parte de las soluciones que está llevando adelante el gobierno nacional, a través de la SRT, para darle una solución al reclamo de diferentes sectores, que afecta al sistema de Riesgos del Trabajo. Además, esta rúbrica se enmarca en el trabajo que lleva adelante el ejecutivo nacional para elevar un proyecto de ley que lleve este sistema a la Seguridad Social.

Lo firmado con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe es el primer acuerdo de esta naturaleza, y se realiza en un marco de colaboración entre la SRT Delegación Santa Fe, a cargo del Dr. Federico Larrazabal y la Justicia provincial, buscando paliar de esta manera la alta litigiosidad que hoy afecta a todos los actores del sistema.

Por este acuerdo, la SRT se hace cargo y realizará todas las pericias judiciales en todos los casos por accidentes o enfermedades derivadas del trabajo que hoy se encuentran en trámite o puedan tramitar por los Juzgados provinciales.

Los beneficios de este acuerdo se ramifica en todo sentido, de esta manera no solo se bajan los costos judiciales, ya que no hay más honorarios de peritos en el medio, ni sus intereses en que dichas pericias arrojen un resultado alto, ya que de ello dependen sus honorarios, sino que además de esta manera la forma de determinación de las incapacidades y aplicación de la tabla de la ley se incorpora de manera oficial.

Esto tarde o temprano hará que los reclamos por accidentes y enfermedades del trabajo deban pasar por las Comisiones Médicas, ya que en ellas se maneja el mismo baremo que el que se utilizará en la justicia, desalentando la industria del juicio.

Al bajar la litigiosidad, bajan los costos laborales a las empresas, ya que deben bajar las alícuotas que cobran las ART a los empleadores. Por su parte, la alícuota es un porcentaje sobre la masa salarial que las empresas se ven obligados a pagar, y que las ART para la determinación de la misma tienen en cuenta la litigiosidad que enfrentan como consecuencia de accidentes o enfermedades que derivan de dicha empresa a la que aseguran. Por consecuente, si baja la litigiosidad, debe bajar la alícuota, y por ende se baja el costo empresario laboral actual.

Al bajar el costo laboral, menos presión tienen las empresas, sobre todo las pymes, y de esta manera tienen más dinero utilizable e invertible, lo cual antes se lo cobraban las ART. Esto les permitirá a las empresas tener mayores recursos genuinos y menos gastos que afrontar, posibilitando ampliar la demanda de más empleo y de mejor calidad.