(Desde Santa Fe)

Sorpresa. Veinticuatro horas después de que la Cámara de Diputados declarara de "interés legislativo" la investigación del vaciamiento del Banco de Santa Fe y le pidiera al gobernador Miguel Lifschitz que la provincia se presente como "querellante" en el proceso, el juez federal Reinaldo Rodríguez se desligó de la causa al declarar la "incompetencia" de su tribunal y la giró al fuero ordinario. Si el juez provincial que la recibiera hace lo mismo, se planteará un conflicto de competencia que deberá resolver el superior común, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resolución de Rodríguez le saca el caso de las manos a la Cámara Federal de Rosario (sala A) que el 30 de abril reabrió la pesquisa al anular 44 absoluciones por prescripción firmadas por el juez en 2013, le ordenó "actuar con celeridad y empeño" en la "lucha contra la impunidad" y aún debe pronunciarse sobre un pedido del Ministerio Público para que declare la "cosa juzgada fraudulenta" en el lapso en que los expedientes estuvieron a cargo de los ex jueces Víctor Brusa y Héctor Tripicchio, entre otros. En la Corte nacional aún está pendiente un recurso extraordinario planteado por una de las defensas.

El incidente comenzó cuando el abogado defensor Néstor Oroño, planteó que Rodríguez era "incompetente" para "seguir entendiendo" en una causa que "tenía como único norte el sobreseimiento definitivo" de los 44 imputados, entre ellos sus dos defendidos. El fiscal subrogante Claudio Kishimoto -en su primer dictamen en el expediente- dictaminó que correspondía "hacer lugar a lo solicitado por la defensa". Y el juez Rodríguez lo hizo, resolvió remitir "las actuaciones" al fuero ordinario.

El juez coincidió con el fiscal. "Del análisis de los hechos, se desprende que lo denunciado podría eventualmente encuadrarse dentro de los términos del delito de defraudación por vaciamiento". Y explicó que "en la causa se investigan (sic) las maniobras que habrían sido desplegadas por miembros del órgano directivo del Banco de Santa Fe, entre 1979 y 1990, que habrían causado un grave perjuicio" a la entidad. "Igual que lo expresado por el fiscal Kishimoto -siguió Rodríguez- "de las actuaciones no surge la comisión de un delito de competencia" federal o que afecte "intereses federales". "Mas aún, el presunto delito cometido habría tenido por objeto la afectación del patrimonio de un sujeto provincial, esto es el Banco de Santa Fe", agregó.

"Entiendo, en coincidencia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, que no corresponde la intervención de la justicia federal" -abundó Rodríguez- y deberá ser "la justicia ordinaria de Santa Fe la que deberá seguir entendiendo el instrucción de los hechos denunciados, por lo que corresponde remitir las actuaciones al Colegio de Jueces de Primera Instancia de Santa Fe". Y "en el caso de no compartir el criterio eleve la contienda de competencia al superior común" que es la Corte Suprema de la Nación.

Un parámetro sobre el vaciamiento del Banco es el estudio del ex ministro de Economía, Angel Sciara, que estimó el costo de la privatización del Banco en más de 1.000 millones de dólares. Ese fue el argumento que se planteó el jueves en la Cámara de Diputados que aprobó sobre tablas dos resoluciones. Una del diputado Carlos del Frade que declara de "interés legislativo la decisión de la Cámara Federal de Rosario de reabrir la causa por el vaciamiento del Banco de Santa Fe, hecho simbólico del saqueo que sufrió el pueblo santafesino y todavía está impune". Y otra del diputado Ariel Bermúdez que le pide a Lifschitz que la provincia se presente como querellante en la causa. Esta semana, el gobernador le había pedido al fiscal de Estado Pablo Saccone que estudie esa posibilidad a raíz de que la causa había perdido impulso procesal y estaba pendiente una prueba que solicitó el ex fiscal Walter Rodríguez, que era incorporar la parte secreta del informe de la comisión investigadora que presidió el abogado Alfredo Nogueras, en 1997.