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Desde Santa Fe

El gobierno de Miguel Lifschitz comenzó a negociar con la concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe la "extinción anticipada" y de "común acuerdo" del contrato de concesión, cinco años antes de que finalice en 2021, lo que le permitiría a ARSSA zafar de la cláusula más onerosa, que es la repavimentación total del corredor para que la provincia complete la obra con recursos públicos. El anuncio fue comunicado ayer a la tarde por el ministro de Infraestructura, José Garibay, a la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, donde le pasaron la factura por el "fracaso del modelo" de concesión que se eligió en 2010, en el gobierno de Hermes Binner, le pidieron que "rescinda el contrato" y ejecute las garantías ante los "incumplimientos" de la empresa. Garibay evitó retrucar el planteo político que escuchó también su antecesor en el cargo, Antonio Ciancio, sentado entre los asistentes a la reunión y blanco del reproche. Según el ministro, "en las actuales circunstancias es imposible seguir con el contrato", aunque después admitió ante los legisladores que la "decisión" de Lifschitz tiene dos antecedentes: ARSSA ya había pedido extinguir el contrato en 2013, en el gobierno de Antonio Bonfatti y lo volvió a reclamar en marzo de este año.

Antes de ingresar al anexo de la Cámara, Garibay ratificó la voluntad del gobernador de "adelantar la extinción del contrato" con ARSSA y que ya se "lo había comunicado" a la empresa. "Nosotros teníamos cinco años más de concesión. Entendemos que en las actuales circunstancias es imposible seguir con este contrato y por eso comenzamos un proceso para adelantar la extinción. Vamos a contratar una auditoria contable y administrativa a la Facultad de Ciencias Económicas (Universidad del Litoral) y técnica a la Facultad de Ingeniería (Universidad de Rosario). Esperamos que la concesionaria presente sus documentos y veremos en qué términos procedemos a concluir este contrato", explicó.

Estimó que la negociación para desvincular a ARSSA puede llevar entre "entre 30 y 60 días, y una vez resuelta la extinción, vamos a iniciar otro proceso de concesión en otros términos licitando solo la operación y el mantenimiento. Lo que hoy tenemos pensado es una concesión al estilo de las nacionales en las que el concesionario no tiene obligación de hacer las inversiones, sólo se dedica a la operación y el mantenimiento", insistió. Lo que significa que se cambiará el "modelo" que impulsó Ciancio por el "modelo nacional".

En esa línea, explicó que las obras que faltan las hará la provincia. "Vialidad Provincial está realizando las inversiones necesarias para proceder a la repavimentación de la autopista. La decisión que hemos tomado es que se comience a trabajar en los proyectos para repavimentar los tramos más críticos de la autopista".

"Y mientras tanto -siguió Garibay-, nuestra voluntad es que ARSSA continúe operando la autopista hasta que se haga cargo el nuevo concesionario". Con lo cual ratificó que el corredor va a seguir en la esfera privada.

--¿El gobierno puede ejecutar las garantías?

--Efectivamente, pero habrá que esperar el resultado de las auditorías para hacer una compensación. La provincia también tiene una deuda con la concesionaria, que está consolidada -dijo Garibay- y la estimó en 30 millones de pesos.

--¿Cuánto le costaría a la provincia la extinción del contrato?.

--No le costaría nada.

--¿Y la repavimentación que tenía que hacer la empresa?

--Lo va a realizar Vialidad Provincial, que estimamos entre 1.000 y 1.500 millones de pesos.

--¿Hubo errores en la concesión?

--Eso lo dejamos para otro momento.

--¿Las empresas que integran la concesionaria podrán participar en la próxima concesión?-, preguntó un colega en obvia referencia a Milicic SA, Laromet SA, Obring SA, Pecam SA, Rovial SA y Vial Agro SA que integran ARSSA.

--Hay que ver en qué términos concluimos el contrato -concluyó Garibay.