Desde Santa Fe.

El paso del ministro de Infraestructura José Garibay por la Cámara de Diputados resumió esta semana la metáfora del Estado bobo. Su locuacidad de afuera, marcó el contraste con sus dificultades para explicar -puertas adentro- la caída de la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe, por qué el consorcio privado que se adjudicó el corredor en 2010 ahora "se quiere ir del negocio" en la mitad de un contrato hasta 2021 y sin cumplir la cláusula emblema, que era repavimentar los 320 kilómetros de la traza en los primeros cinco años. Y por qué la provincia se hará cargo de una obra que no hizo el grupo liderado por Pecam SA, una de las contratistas de obras públicas más importantes de Santa Fe. Garibay llevó a su segunda en el área para que le ayude a plantear a los legisladores una situación terminal. "Es imposible encaminar este contrato", dramatizó la secretaria de Coordinación Técnica, Teresa Beren. Tras el plenario, el ministro dijo que "el modelo de concesión fracasó, no tenemos que ser necios y reconocerlo". Ofreció las cifras del debe y el haber: la concesionaria reclama a la provincia una deuda de 30 millones de pesos que contrasta con lo que no invirtió en la repavimentación, que le costará al Estado entre 1.000 y 1.500 millones. Y anunció lo que viene: "la salida amigable" de ARSSA, las obras de la provincia y una nueva privatización con otro "modelo" para que la próxima concesionaria se ocupe sólo del cobro del peaje y el mantenimiento, mientras las inversiones en infraestructura las paga el Estado. "¡Eso es una barbaridad y usted lo sabe!", le reprochó el diputado Héctor Cavallero.

Garibay pasó un par de horas en el anexo de la Cámara, donde el presidente de la comisión de Obras Públicas Edgardo Martino (UCR) se ocupó de que ni siquiera quedara versión taquigráfica. Como en los peores tiempos de la Legislatura.

El ministro reveló que ARSSA se "quiere ir" del negocio desde hace tres años, ya lo planteó en 2013 en el gobierno de Antonio Bonfatti y lo volvió a plantear en marzo. Justificó la mora en la repavimentación porque el ingreso de la concesionaria sólo alcanzó para el 30 por ciento del corredor, en cinco años. Y ratificó las decisiones del gobernador Miguel Lifschitz: negociar la extinción del contrato de "común acuerdo" para evitar un juicio, contratar dos auditorías (una técnica y otra contable con las facultades de Ingeniería y de Ciencias Económicas de Rosario y Santa Fe) para "convalidar la decisión final" en "un plazo de "30 a 60 días", recuperar la autopista pero dejar la operación al mismo grupo, repavimentar los tramos más deteriorados a cargo de la provincia y volverla a privatizar.

Los reproches comenzaron con Cavallero y su colega Luis Rubeo, quienes reclamaron medidas drásticas: rescindir el contrato con ARSSA ante el "incumplimiento" de la repavimentación y ejecutar las garantías. "Es la crónica de un final anunciado hace seis años", dijo Rubeo y recordó que en diciembre de 2010 cuando el gobierno de Hermes Binner reprivatizó la autopista, él advirtió que el grupo liderado por Pecam SA "no iba a cumplir sus obligaciones".

Garibay evitó retrucar los planteos que escuchó también su antecesor en el cargo, Antonio Ciancio, sentado entre los asistentes a la reunión y blanco de la crítica. Hoy, Ciancio es asesor de Bonfatti en la Cámara.

"Yo creo que se sabía de antemano que esto iba a fracasar", dijo Rubeo. Y explicó que la concesionaria no puede alegar desconocimiento de los problemas estructurales de la autopista, que se conocen desde la primera privatización en el turno de Carlos Reutemann, en 1992. "Cuando ARSSA hizo la oferta sabía que lo primero que tenía que hacer era repavimentar". Y si "ahora, el pueblo de Santa Fe tiene que pagar la repavimentación, no vaya a ser que después esas empresas que integran esa UTE vengan a hacer la obra. Tiene que haber penalidades, si no cumplieron un contrato no pueden quedarse con la obra", advirtió Rubeo. Un directo para Pecam y sus socios: Milicic SA, Laromet SA, Obring SA, Rovial SA y Vial Agro SA. "Ministro, lo que usted tiene que hacer es rescindir el contrato y ejecutar las garantías", insistió el legislador.

Cavallero preguntó si la provincia iba a repavimentar la autopista para volverla a privatizar. Garibay asintió con el silencio y un gesto.

-¡Es una barbaridad! -le planteó el legislador. "Es arreglarle todo a empresas privadas que no han cumplido. ¡Una barbaridad, para que dentro de cuatro o cinco años estemos en las mismas condiciones que estamos hoy!". "Tiene que haber una rescisión del contrato ya mismo y aplicarse las sanciones que corresponden" -sostuvo Cavallero- porque "no puede ser que el Estado se tenga que hacer cargo de lo que no cumplieron los privados".

Beren insistió que la concesionaria "se quiere ir" del negocio, aduce que "hay un desequilibrio en la ecuación financiera" y "hace una cantidad de planteos". "Hay un hecho contundente, falta repavimentar" y ante la necesidad de esa obra "es imposible encaminar este contrato", concluyó.