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Desde Santa Fe

Rosario/12 informó que Miguel Lifschitz había anulado el concurso que el fiscal Juan Patricio Murray (foto) y el criminólogo Enrique Font ganaron en 2012 -y después de un cajoneo del trámite en la Casa Gris durante cuatro años- y rechazó sus designaciones en el Ministerio Público de la Defensa porque los considera "una interferencia negativa en el proceso de transformación de la justicia penal". Ayer, la decisión del gobernador tuvo la primera resonancia en la Legislatura, donde apenas termine el receso parlamentario el bloque del Frente Social y Popular presentará un pedido de informes para que el gobernador revoque el decreto 1597 porque "lesiona" la "independencia de poderes" y es "una forma de castigo" para quienes criticaron las gestiones socialistas en "materia de la seguridad pública". "No hay democracia sin funcionarios críticos", dijo el diputado Carlos Del Frade, autor de la iniciativa. "Las voces cuestionadoras son la mejor prueba de una administración que se precia de combatir la corrupción. El apartamiento de personalidades íntegras y no obedientes daña la política del gobierno provincial. Este decreto, sin mayores fundamentos, lastima la conciencia democrática y aumenta la desconfianza sobre los actos del Estado". Por lo tanto, "es necesario" que Lifschitz "reflexione sobre su impugnación" a Murray y Font y la revoque.

La propuesta es que la Cámara de Diputados pida explicaciones por el decreto 1597 que redactó y refrendó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein. Y en esa línea, plantea cinco preguntas: "¿Cuáles fueron los motivos que llevaron impugnar el concurso que Murray y Font ganaron en 2012? ¿Por qué se demoró cuatro años en hacer efectivas estas designaciones? ¿Qué significa que carecen de 'racionalidad técnica y axiológica'? ¿Por qué un decreto anula un proceso transparente como el concurso público? ¿Y en qué se basa el Poder Ejecutivo para fundamentar la "interferencia negativa" en el "proceso de transformación de la justicia penal"?".

Es llamativa "la ligereza de la impugnación" a Murray y Font, "dos hombres comprometidos con la defensa de los derechos humanos, civiles y sociales, a lo largo de sus trayectorias públicas de más de veinte años en los distintos cargos que desempeñaron".

"Font integró el gabinete de la primera administración socialista en la provincia" y "Murray llevó al banquillo de los acusados a figuras relevantes del terrorismo de estado y denunció, ante el silencio de muchos, el asesinato del ex arzobispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, cometido el 11 de julio de 1977", recordó Del Frade.

"Es necesario aclarar este veto por decreto porque no solamente constituye una lesión a la supuesta independencia de poderes, sino también una forma de castigo para aquellos que, desde diversas funciones, fueron críticos de diferentes formas de actuar de las administraciones socialistas vinculadas a la siempre sensible materia de la seguridad pública".

"No hay democracia sin funcionarios críticos. Las voces cuestionadoras son la mejor prueba de una administración que se precia de combatir la corrupción. El apartamiento de personalidades íntegras y no obedientes daña la política del gobierno provincial. Este decreto, sin mayores fundamentos, lastima la conciencia democrática y aumenta la desconfianza sobre los actos del Estado. Es necesaria una profunda reflexión sobre esta impugnación y una necesaria revisión", concluyó Del Frade.